El PP preguntará en el Parlamento por las miles de muertes de dependientes desatendidos

La portavoz popular ha criticado la «desidia» que, a su juicio, impera en el ejecutivo de Paulino Rivero respecto de la aplicación de la ley de la Dependencia , tras la cual, recordó, se encuentra un colectivo, el de las personas dependientes, «muy vulnerable». Bethencourt aseguró que de las más de 56.000 personas dependientes que han solicitado acogerse a los beneficios que otorga la ley, solo 11.000 disfrutan de la correspondiente prestación. «Hoy hay menos recursos, sí, pero la ley entró en vigor en 2007», cuando la crisis aún era impensable, recordó la diputada.

De hecho, y según sus cálculos, son casi 36.000 los canarios oficialmente reconocidos como dependientes pero que aún no cuentan con sus respectivos planes individuales de atención (PIA), un documento que expone el servicio al que tiene derecho la persona (centro de día, ayuda a domicilio, residencia permanente...) y que otorga tal derecho. En otras palabras, sin el PIA aprobado el dependiente sigue sin ayuda. Asimismo recordó que si la Administración autonómica no puede o no tiene capacidad para prestar el servicio que dicte el PIA, este se sustituirá por una ayuda económica que permita a la persona acudir a la iniciativa privada. «Si estas personas fueran a la justicia, serían sentencias ganadas, pues la Administración tiene un plazo para resolver, pero es un colectivo vulnerable que no puede esperar por la justicia», afirmó la portavoz del PP.

Por su parte, el director general de Dependencia, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, José Gilberto Moreno, dijo el lunes en «La ventana de Canarias», de la Cadena Ser, no conocer las cifras en otras comunidades, pero que «es una situación bastante continua en el tiempo y que ojalá logremos detener». Asimismo recordó que, en las Islas, la ley de Dependencia la asumen los cabildos insulares, «cosa que no se contempla en la estadística estatal», y afirmó que «el Gobierno [regional] trata de incrementar tanto las partidas como las plazas, porque es una situación que no es del agrado de nadie».

Como adelantó ABC, desde 2010 han muerto en el archipiélago 4.245 personas dependientes que no llegaron a recibir la prestación a la que tenían derecho. Además, otras 3.852 fallecieron antes incluso de ser sometidas al reconocimiento previo. «Pediremos inmediatamente la comparecencia de la consejera», avisó Bethencourt, que también preguntará sobre el «desvío», dijo, de fondos destinados en principio para la Dependencia al Instituto Canario de la Vivienda, un asunto del que también informó este diario.