La Fiscalía denuncia a Emalsa pero omite la compraventa de la nave que originó todo

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha denunciado a la empresa Emalsa —responsable de la gestión del agua en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida— por un supuesto delito societario, aunque omite cualquier referencia a la operación de compra, por 5,3 millones, de una nave propiedad de Seguridad Integral Canaria que acabó en los juzgados de Francia y que originó en diciembre pasado todo este caso, en exclusiva desvelado por ABC .

El ministerio fiscal, en un comunicado hecho público este martes, advierte presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación, en particular con Sercanarias , formada por dos de los tres socios de Emalsa, Saur y Valoriza (filial de Sacyr). El tercer socio de Emalsa es el propio ayuntamiento capitalino.

Asimismo, llama la atención sobre el alquiler de las oficinas de Emalsa en la avenida Juan Carlos I, que puede suponer a la vez un perjuicio para la empresa, pero un beneficio de una entidad privada, Satocan, cuyo presidente, Juan Miguel Sanjuán, es miembro del Consejo de Administración de Emalsa, en representación de uno de los socios privados de ésta (Sacyr).

Otro de los aspectos sobre los que llama la atención es el de las remuneraciones complementarias de los gestores de Emalsa, «que siempre han sido algunos de los representantes de los socios privados de la entidad», unos pluses que podrían haberse incluido de manera indebida como «prestaciones especiales».