La operación de Saur se hizo solo después de conocida una sentencia favorable del TSJC

Habían pasado casi veinte años, pero todavía estaba pendiente del dictamen de los tribunales la venta parcial de la compañía de gestión del agua en Las Palmas de Gran Canaria. Era el mes de abril de 2010, el martes 20, cuando el TSJC, máximo órgano de la Justicia en las Islas, dio a conocer una sentencia que avalaba la legalidad de la venta parcial , en 1991, de Emalsa a Unelco y l a francesa Saur , que se adelantaban así a la oferta de Aquagest.

Apenas 24 horas después, el miércoles 21, se produjo la polémica transferencia de 1,3 millones de euros de Emalsa a Sercanarias, que se completaría al día siguiente con otra similar, pero ya desde Saur, con la que la empresa formada por los dos socios privados de Emalsa —Sacyr y Saur— pudo afrontar el cheque con el que se pagaba a Seguridad Integral Canaria la opción de compra de 2,8 millones de euros por la nave de Los Tarahales que sería destinada a oficinas y garaje de la empresa asociada a los servicios de agua en la capital grancanaria.

Sucede que esta operación de compra nunca llegó a concretarse y el elevado precio del inmueble, 5,3 millones, despertó la desconfianza de quien era por entonces presidente de Saur, Joël Seche , que más tarde encargaría dos tasaciones independientes en Gran Canaria, que concluyeron que el inmueble no vale sino unos 800.000 o 950.000 euros . Con estos datos, y tal como adelantó en exclusiva ABC, se personó ante la justicia francesa para denunciar la situación, con la acusación de que los representantes de Saur, José Luis Rubio, y de Sacyr, Pablo Abril-Martorell —únicos autorizados a firmar operaciones por estos montos— podrían estar implicados en lo que su abogado, Jean Pierre Versini, caratula de «fraude en banda organizada», «mal uso de los activos sociales y ocultación de delitos cometidos en banda organizada», así como de «asociación de malhechores» (asociación ilícita).

El caso ha motivado una reunión de urgencia del consejo de administración de Emalsa y u na auditoría sobre los contratos de Sercanarias , empresa paralela a la del agua, pero sin participación del ayuntamiento.