Gran Canaria exige un reequilibrio en las inversiones de los puertos canarios

Según la Ley de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en los últimos años, los puertos dependientes de la administración autonómica han seguido incrementando su actividad portuaria , siendo éstas unas infraestructuras «esenciales para la movilidad» en un territorio fragmentado.

Así, los puertos canarios «determinan la relevancia de la función económica y social de la isla», por lo que hay que «buscar la optimización de los recursos mediante la ampliación , mejora, adaptación y conservación de las infraestructuras existentes» y «el desarrollo de nuevas infraestructuras estratégicas », además de «potenciar aquellos espacios portuarios que nos permitan mejorar los servicios», se afirma en la moción del Grupo Popular.

«Menor inversión en los puertos grancanarios»

Sin embargo, «ya en los presupuestos del año 2012 el Gobierno de Canarias marginó a los puertos de Gran Canaria con una menor inversión en comparación con el resto de las islas», según se expone el texto de la moción que presentará el Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria.

En 2013, «el Gobierno de Canarias vuelve a hacer lo propio», al contemplar una inversión en la provincia de Las Palmas de 20.000 euros para Playa Blanca (Lanzarote), frente a los 3.980.000 euros para Garachico y los 1.999.000 para Tazacorte (en Tenerife y La Palma, respectivamente) y, a lo largo de la legislatura, «pretende llevar a cabo inversiones por 168,78 millones de euros, de los que ni un solo euro se destinará a Gran Canaria », siendo esa la causa de la moción.

Sobre la doble capitalidad, el PP insta a que «se respete» lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias.Y lo pide «tras comprobar graves distorsiones» derivadas del hecho de que «la actividad de los titulares de los diferentes órganos, tanto de algunas Consejerías como de los órganos directivos horizontales que dependen de las mismas, se lleva a cabo sistemáticamente en las oficinas y despachos administrativos que no corresponden a los de la sede oficial de la Consejería de que se trate, normalmente en detrimento de las sedes oficiales que corresponden a Las Palmas de Gran Canaria».

De aprobarse la moción, el Cabildo de Gran Canaria trasladará el acuerdo a los grupos del Parlamento de Canarias para que, en el marco de su función de control al Gobierno de Canarias, «verifiquen el cumplimiento efectivo de la capitalidad compartida », se asegura en el comunicado.