Canarias, segunda región con más casos de corrupción por número de municipios

El estudio, que fue publicado en la revista «Ería» de la Universidad de Oviedo, refleja que Andalucía es la comunidad con mayor número de casos de corrupción, con un total de 154, seguida de Valencia (94), pero es Murcia, con un total de 26 casos, la que aglomera la mayor ratio de corrupción debido, en parte, a que es la comunidad con menor número de ayuntamientos, 45. En términos relativos, la Región de Murcia es seguida por Canarias, con el 39,8 por ciento de los municipios afectados (35 casos en total); Baleares, con el 35,8 por ciento de los municipios afectados (24 casos), y Asturias, con el 26,9 por ciento (21 casos de corrupción).

Así lo ha hecho saber en declaraciones a Ep el coordinador de Gisas y profesor del departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna, Víctor Martín, quien explica que los datos fueron recabados entre 2007 y 2011 por una persona dedicada en exclusiva a analizar la información aparecida en los periódicos locales, en blogs y asociaciones ecologistas y vecinales, a través de Internet y por la prensa. En algunos casos, los investigadores llegaron a almacenar cientos de páginas de algunos casos de corrupción, que narraban «con pelos y señales» todo lo que había ocurrido y la trama que se escondía detrás. En algunos municipios, incluso, recuerda que «hay tres o cuatro casos de corrupción».

El objetivo de este proyecto, financiado por el Gobierno, era averiguar cómo se producían esos casos de corrupción y plantear las soluciones para evitar que se volviera a producir. Para ello, el Gisas de la Universidad de La Laguna llegó a destinar a esta labor un total de siete investigadores. El estudio solo analizó, en principio, desde 2000 hasta 2008, pero como los casos «seguían reproduciéndose», los investigadores decidieron ampliar el análisis hasta 2010, porque los casos «habían aumentado el número un 50 por ciento en apenas dos años, pasando de 400 a casi 700». Achaca este aumento de los casos investigados al trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y a la creación de grupos policiales especializados, porque «había una llamada de atención de la ciudadanía, que reclamaba la investigación de estos casos».

Asimismo, achaca este incremento de los casos detectados a la labor desarrollada por «los grupos vecinales, ecologistas y blogs de ciudadanos a título individual, que han ido aportando datos». Se trata de una cultura que «busca la transparencia en los procesos judiciales sobre el desaforado desarrollo urbanístico», remarca.

Martín explica que la información recabada por su grupo de investigación está todavía «por explotar», porque lo que han hecho hasta ahora ha sido «contar los casos de corrupción, ver qué tipo de infracción se cometía y que partidos políticos estaban en el gobierno en ese momento». Por tanto, queda por interpretar la información y aclarar cómo se desarrolló cada uno de los casos.

Reconoce que se trata de datos que entran más en el terreno de la criminología, lo delictivo o en el ámbito judicial que en lo propiamente geográfico, pero advierte que estas informaciones tienen una repercusión territorial, social y económica «importantísima». «Ahora estamos pagando las consecuencias de todo lo que se hizo en aquel momento», advierte Martín.