El vertedero de Juan Grande ya cumple con la legislación medioambiental europea

Según el peticionario, el ayuntamiento del municipio había recibido fondos europeos con la finalidad de mejorar el reciclado de residuos, que «no se llevaba a cabo», lo que había propiciado la contaminación de los acuíferos , además, de registrarse «un mayor número de casos de cáncer que en el resto de España», apuntaba el ciudadano, quien, en virtud de ello, solicitó el cierre del vertedero.

Admitida a trámite el 24 de marzo de 2009 y, al haberse suscitado con anterioridad preguntas ante otras instancias europeas sobre esta infraestructura, el Parlamento inicia una investigación paralela que, tras las constataciones oportunas, deriva en la apertura de un expediente de «infracción horizontal más amplio» respecto al ya abierto contra España por posible vulneración de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.

Para adoptar esta medida tuvo en consideración, principalmente, dos factores: que las condiciones para la explotación de esta instalación debían ser objeto de una autorización conforme a la mencionada Directiva que estableciera, entre otros, los valores límites de emisión , los parámetros o medidas técnicas equivalentes, según las mejores técnicas disponibles; y que las autoridades españolas responsables habían reconocido que no disponían de dicha autorización.

De hecho, en el curso del «procedimiento horizontal», el Parlamento, a través de una comisión específica, había enviado a España un dictamen motivado el 1 de diciembre de 2008.

Instalaciones sin permiso

«En el marco del procedimiento de infracción horizontal más amplio iniciado contra España en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 5 de la mencionada Directiva, la evaluación de las respuestas proporcionadas por las autoridades españolas con respecto al dictamen motivado confirmó que un número significativo de instalaciones existentes en España todavía funcionan sin autorizaciones válidas conforme a la Directiva», concluye la investigación incoada.

El 29 de octubre de 2009 la misma comisión lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE y el 18 de noviembre de 2010 este resolvió que España no había adoptado una serie de medidas preceptivas en relación a estas infraestructuras. «El análisis de la información presentada por España mostró que un número considerable de instalaciones existentes continúan operando sin el permiso necesario en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva», apostilla el ente europeo.

En estas circunstancias, el 7 de abril de 2011, la comisión envió a España una carta de emplazamiento por la que se solicitaba la aplicación completa de la sentencia de 18 de noviembre 2010 y, desde entonces, ha seguido «atentamente» las medidas tomadas por España para garantizar el pleno cumplimiento del auto.

En este contexto, y en lo que atañe al vertedero de Juan Grande , el Parlamento informa que las autoridades españolas notificaron que a finales de 2011 las autoridades medioambientales de Canarias habían emitido el permiso medioambiental de esta instalación, conforme a la mencionada Directiva, y que se había publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Con estos trámites, este organismo da por zanjado positivamente el expediente del vertedero grancanario abierto por el Parlamento a raíz de la petición de Domingo T.G., cuya respuesta fue publicada en noviembre del año pasado.

Cabe recordar que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, firmó en septiembre de 2012 un contrato de concesión de obra pública para acondicionar, por 48,7 millones de euros, el Complejo Ambiental de San Bartolomé de Tirajana. El contrato adjudica el proyecto de acondicionamiento y adaptación a la normativa europea del vertedero .