Tres ex altos cargos de la era Matas reducen su pena de cárcel tras colaborar con la Fiscalía
Anticorrupción y la defensa de los principales acusados han llegado a un acuerdo en el «caso Turismo Joven», en el que se investigaba una malversación de fondos públicos
JOSEP MARIA AGUILÓ
El llamado «caso Turismo Joven» se ha cerrado con un acuerdo de reducción de pena suscrito entre la Fiscalía Anticorrupción y la defensa de los principales acusados en esta causa judicial, quienes en estos últimos meses han reconocido total o parcialmente los hechos que ... se les imputaban o han colaborado con la Justicia.
En el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Palma se ha corroborado el citado acuerdo de conformidad, que afecta a doce personas, entre ellas los tres principales acusados, ex altos cargos del PP.
En este caso se investigaba el presunto desvío de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Joven (CTJ) durante la legislatura 2003-2007, que presidió el popular Jaume Matas. La cantidad total malversada podría situarse en torno a los 600.000 euros, circunstancia que contribuyó a la situación de quiebra técnica del citado organismo público.
Los implicados en este nuevo caso de malversación han visto reducidas de manera significativa las penas de prisión que originariamente solicitaba el Ministerio Público para todos ellos. De este modo, se fija una pena global de tres años de cárcel para el exdirector general de Juventud de la Consejería de Deportes, Juan Francisco Gálvez, y para el exgerente del CTJ, Damián Amengual, por malversación, prevaricación, falsedad y fraude. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba doce años para Gálvez y diez años y medio para Amengual.
La condena más elevada ha sido para el exjefe de Servicios y Mantenimiento de la citada entidad, Juan Francisco Gosálbez, que deberá cumplir tres años y siete meses en prisión.
El Ministerio Público considera ahora probado que los tres principales acusados en el «caso Turismo Joven» se apropiaron de fondos de dicha entidad mediante la presentación de facturas que no respondían a servicio alguno , además de pagar gastos privados con fondos públicos -como viajes o cenas-, alquilar locales a precios desorbitados o exigir comisiones a empresarios a cambio de contratos. Para poder llevar a cabo todas estas actuaciones, «se aprovecharon de la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros sobre su gestión».
La sentencia será dictada en los próximos días por la Audiencia Provincial, momento en el que también se conocerá cuándo deberán ingresar en prisión Gálvez, Amengual y Gosálbez.
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