Agapito Iglesias se enfrenta al primer juicio por la corrupción en Plaza

Lo que ahora se juzga es una demanda que en su día interpuso el Ejecutivo regional contra una de las empresas de Codesport –propiedad de Agapito Iglesias– por un supuesto sobrecoste en la venta de un bloque de oficinas y un centro para formación profesional.

El Gobierno le reclama 17 millones de euros. Y es que considera que la venta debió realizarse a precio de coste y no de mercado, como acabó siendo.

Las oficinas fueron edificadas por la empresa de Agapito Iglesias en unos terrenos comprados a la empresa pública Plaza. En el contrato de venta se reservaban 12.000 metros cuadrados de terreno para el Gobierno autonómico, en régimen de venta o alquiler, en los que se edificarían oficinas.

Terminada la construcción, la empresa vendió las oficinas a Plaza por valor de 27 millones de euros más IVA. Según explicó ayer el abogado que representa a Plaza, el coste del suelo pasó de 136 euros el metro cuadrado a 475 euros.

La explicación de Agapito Iglesias: se cobró un precio «mayor» porque era «mejor zona». «Lo que nosotros compramos es una parcela bruta que convertimos en neta. El precio sube dependiendo de la zona en la que esté», aseguró. Además, defendió la transacción asegurando que recibió el visto bueno del Consejo de Administración.

Lo que ayer comenzó fue el juicio civil por la demanda que en su día presentó el Gobierno de Aragón. Un juicio que continuará hoy y mañana. En la primera jornada, Agapito Iglesias negó que hubiera ningún tipo de irregularidad en la compra-venta que cerró con el Gobierno aragonés que por entonces presidía el socialista Marcelino Iglesias. También testificaron el ex-viceconsejero de Obras Públicas del PSOE y alto directivo en la sociedad Plaza, Carlos Esco; y quien fue gerente de esa empresa pública, Ricardo García Becerril. Como era de prever, ambos negaron igualmente que hubiera habido irregularidades.

Esta no es la única causa judicial que tiene abierta Agapito Iglesias, imputado en el «caso Codesport», en el que se investiga un contrato para edificar naves industriales en Plaza. Se firmó por 14,5 millones de euros, pero a Codesport se le acabaron pagando algo más de 32 millones. Según el informe pericial encargado por el juez instructor, de esos 17,5 millones de desfase solo estarían justificados 3,5 millones. Los otros 14 millones de fondos públicos se «volatilizaron».

Por este caso, además de Agapito Iglesias, están imputados Carlos Esco –que además de viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés durante la etapa de Marcelino Iglesias fue alto directivo en Plaza– y Ricardo García Becerril, fichado por el PSOE como gerente de esta sociedad pública. El juez ve «indicios suficientes» de que entre los tres se repartieron 14 millones de euros.

La corrupción en la Plataforma Logística ha dado lugar a media docena de causas que se dirimen actualmente en diversos juzgados zaragozanos. En total, investigan la malversación o gestión anómala de unos 100 millones de euros de fondos públicos.