El Supremo de EE.UU. mantiene la expulsión exprés de solicitantes de asilo en la frontera

El Supremo deja así en pie una política que estableció en marzo de 2020 el Gobierno de Donald Trump: en plena expansión de la pandemia de Covid-19, utilizaba una ley de salud pública, el Título 42, para permitir la expulsión expedita al otro lado de la frontera a quienes tratan de entrar en EE.UU. para pedir asilo. Su sucesor, Joe Biden, mantuvo la provisión durante casi dos años, apoyada en las oleadas de casos provocadas por variantes como ómicron. Pero, con la mayoría de medidas para el covid ya eliminadas, la establecida con el Título 42 tenía que haber expirado el pasado 21 de diciembre.

El fin de esa política de expulsión inmediata ha sido una fuente de preocupación durante meses en la frontera, en un año en el que se ha batido el número de arrestos de inmigrantes indocumentados, más de 2,3 millones. Los gobernadores republicanos y muchas autoridades locales avisaban de una situación caótica nada más levantarse el Título 42: la entrada masiva de inmigrantes en busca de asilo a los que ya no se podría expulsar de manera inmediata.

Antes de la pandemia, el gran número de solicitantes de asilo suponía que sus casos no se trataban con celeridad y muchos de ellos se quedaban en territorio de EE.UU. hasta la cita con los juzgados de inmigración.

Un grupo de 19 gobernadores republicanos -de estados tanto de la frontera como del interior- pidieron a la Justicia que se mantuviera la provisión del Título 42 para evitar una situación caótica en la frontera.

«Nadie razonable puede contradecir que si no se mantiene en pie la política creará una crisis de proporciones sin precedentes en la frontera», razonaron en su demanda los republicanos. La situación está ya desbordada en ciudades como El Paso, donde miles de personas han cruzado la frontera en los últimos días, y donde muchas miles más aguardan en México al fin del Título 42. Solo en las ciudades mexicanas de Matamoros, Tijuana y Reynosa hay 22.000 personas esperando a ese momento para pasar a territorio estadounidense y aprovechar el fin de las expulsiones exprés.

El asunto llegó al Supremo: la semana pasada, el magistrado John Roberts, permitió de formar temporal que la política se mantuviera. Ahora, el pleno del tribunal lo ha confirmado, también de manera temporal, pero hasta febrero, cuando establecerá si los estados tienen capacidad de intervenir o no en esta regulación federal.

La Administración Biden ha defendido hasta ahora que ya no hay justificación de salud pública como para mantener en pie la provisión del Título 42 y que un sistema de procesamiento de asilo es más efectivo que el continuo ciclo de expulsiones y arrestos que se vive en la frontera.