«Triángulo del litio»: Riesgo de desaprovechar el potencial por el estatismo de los gobiernos de izquierda

La ONU, a través de su comisión económica para la región, la Cepal, acaba de destacar en un informe el «gran potencial» de Latinoamérica –singularmente Bolivia, Argentina y Chile, cuyos territorios desérticos andinos conforman el llamado «triángulo del litio», pero también México y Brasil– para convertirse mediante la extracción y procesamiento de este mineral en un «actor clave» en el desarrollo de las nuevas industrias tecnológicas. Pero la Cepal constata que el desempeño actual se encuentra «muy por debajo» de ese potencial. De hecho, estima que, si Latinoamérica produjo en 2021 el 37% del litio consumido en el mundo, hacia 2030 esa cuota habrá bajado al 32%.

Existe el peligro, por tanto, de que sin un aprovechamiento rápido de este mineral pueda cerrarse a medio plazo la ventana de oportunidad por el desarrollo de otras alternativas, como el uso de hidrógeno para el transporte de vehículos, aviones o barcos. Aunque las baterías de litio siguieran utilizándose en una variedad de aparatos, su precio estará contenido.

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Se ha especulado con la posibilidad de que los países latinoamericanos con mayor potencial se consorcien en una especie «OPEP del litio», un cartel que potencie sus intereses y controle la evolución de precios. No obstante, eso difícilmente ocurrirá, pues la cuota de mercado es moderada, las compañías estatales tienen un dominio muy relativo y los países dependen enormemente de inversión y tecnología exteriores.

Bolivia es el país con mayores reservas identificadas del mundo, con 21 millones de toneladas según el informe del servicio geológico estadounidense (el 21,4% de la estimación global), y sin embargo su producción es nula por no haber desarrollado aún procesos industriales de extracción.

En su primer Gobierno, Evo Morales impulsó en 2008 un decreto que declaraba «de prioridad nacional» la industrialización del Salar de Uyuni, el de mayor extensión, en el altiplano de Potosí. La Constitución de 2009 calificó de «carácter estratégico para el país» los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros. Pero la falta de financiación nacional y de tecnología específica para las particulares condiciones naturales en las que el carbonato de litio se presenta en los salares ha retrasado la explotación. Haciendo válido el estereotipo latinoamericano del pobre sentado en un banco de oro (preferir que el recurso no se extraiga en absoluto antes de que una empresa extranjera pueda participar en el beneficio, aunque con ello se prive de ingresos públicos al propio Estado), el Gobierno boliviano ha retrasado hasta este 2023 las concesiones para la puesta en marcha del sector.

Morales acusó a Washington de haberle echado del poder por no querer entregar el litio a empresas estadounidenses, pero el sucesor por él designado, Luis Arce, no ha tenido problema en dar el negocio a empresas extranjeras si eran de China y Rusia, que participarán en proyectos junto con la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). En enero el Gobierno de Arce firmó un acuerdo con la sociedad china CBC para la explotación de litio en Uyuni y Coipasa; en junio lo hizo con la también china Citic Guoan para el salar de Uyuni y con la rusa Uranium One Group para el de Pastos Grandes. Se trata de proyectos que suman unos 2.500 millones de dólares de inversión, con una capacidad máxima de producción conjunta estimada en unas 50.000 toneladas anuales. El objetivo proclamado por Arce es alcanzar las 100.000 toneladas en 2025, si bien eso parece demasiado ambicioso, pues la producción mundial en 2021 fue de 130.000 toneladas. Arce no ha descartado otorgar licencias también a compañías occidentales, pero ha querido remarcar su orientación política con el acercamiento a chinos y rusos.

Chile es el país de mayor producción en el «triángulo del litio», con 39.000 toneladas en 2021, en segundo lugar del ránking mundial por detrás de Australia, a pesar de que el potencial chileno está a distancia del de Bolivia (sin apenas producción) y Argentina (20 millones de toneladas de recursos identificados y 6.200 toneladas de producción). Esa ventaja chilena se debe a que la inversión de empresas privadas en el país viene de lejos. Si bien desde 1979 el litio se considera «reserva del Estado», desde temprano hubo licencias para empresas extranjeras. Las dos grandes operaciones, en el salar de Atacama, corresponden a la Sociedad Química y Minera de Chile (el 24% de su capital pertenece a la china Tianqi Lithium, que en 2018 lo adquirió a una compañía canadiense), y la estadounidense Albemarle. Pero el anuncio este año del Gobierno de Gabriel Boric de creación de la Empresa Nacional del Litio, que tendrá mayoría en los proyectos en el caso participación privada, limita las expectativas de nuevos inversores.

Un efecto ralentizador puede tener también la reforma de la Ley Minera impulsada en 2022 por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Se trata de una iniciativa más drástica, que declara el litio de «utilidad pública», por lo que «no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia», si bien se respetarán acuerdos ya establecidos. En agosto del año pasado fue creada la entidad pública Litio por México para realizar cualquier operación en la cadena de aprovechamiento del mineral.

La excepción en esta dinámica de estatalización la constituyen Argentina y Brasil. En el caso argentino, la orientación estatista del kirchnerismo no ha logrado centralizar la gestión del recurso, en manos de las provincias; estas deben recurrir a la iniciativa privada al encontrarse sin fuelle financiero o carecer de potentes compañías instrumentales. Al tener un marco normativo abierto a la inversión privada, Argentina es el país que cuenta con más proyectos en desarrollo, muy especialmente en la provincia de Jujuy, pero también en Salta y Catamarca.

En Brasil, el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al poder no ha supuesto por ahora ningún intento nacionalizador; tampoco lo hubo en su primer gobierno, si bien en aquel momento se trataba en un sector menos desarrollado (sí se dio, en cambio, una regulación restrictiva de la participación privada en la entonces naciente explotación del petróleo presal). La producción de Brasil es menor a la de los otros vecinos del Cono Sur mencionados (2.200 toneladas en 2021).

A pesar de las llamadas de los líderes políticos latinoamericanos a una coordinación entre los distintos países para lograr implementaciones más autóctonas, la realidad es que la variedad del tipo de los depósitos de litio limita las transferencias tecnológicas. Así, los depósitos de salmuera en los salares son los propios del «triángulo del litio» (Bolivia, Argentina y Chile), con características propias en cada caso, a una altura media de 4.000 metros; los depósitos en formaciones rocosas son los más aprovechados en Brasil, mientras que los depósitos en arcilla volcánica son los que concentran la experimentación en México.