El Supremo da a Trump una rotunda victoria al limitar el poder de jueces federales para bloquear sus órdenes ejecutivas

«Todas las personas nacidas o naturalizadas en EE.UU. y sujetos a su jurisdicción son ciudadanos de EE.UU. y del estado en el que residan», dice el texto de la Constitución, redactado en 1868, tras el final de la Guerra de Secesión y que daba acceso a la ciudadanía a la población negra esclavizada y que el Supremo estableció desde 1898 que también afecta a todos los nacidos en el territorio del país, con independencia de que sus padres no sean ciudadanos.

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Aunque no entra en el fondo, deja en el aire la aplicación de ese acceso a la ciudadanía. La sentencia del Supremo establece un periodo de 30 días hasta que su decisión entre en efecto, lo que permite que haya otro tipo de acción judicial para evitar la aplicación de la orden de Trump: acciones colectivas, que podría ser una forma de combatir esos decretos presidenciales.

«¡Victoria gigante en el Tribunal Supremo!», celebró Trump en un mensaje en su red social. «Incluso el engaño del acceso a la ciudadanía por nacimiento ha sido golpeado con dureza. Tenía que ver con los bebés de los esclavos, no con timar a nuestro proceso de inmigración», clamó el presidente, que logra un triunfo formidable con esta sentencia, que va más allá del acceso a la ciudadanía: los límites a buena parte de su agenda ejecutiva han podido difuminarse con la decisión del Supremo.

En una rueda de prensa posterior en la Casa Blanca, el mandatario norteamericano subrayó que «Gracias a esta decisión, ahora podemos recurrir a la Justicia para avanzar con estas numerosas medidas y aquellas que han sido prohibidas erróneamente a nivel nacional». «Tenemos tantas...», añadió.

El presidente de EE.UU. firmó en el comienzo de su segundo mandato una orden ejecutiva para evitar que los hijos de los inmigrantes indocumentados accedan a la ciudadanía de EE.UU.

Lo que implica la decisión del Supremo es que los casos que combaten esa orden en tribunales deben seguir su curso en instancias inferiores, pero limitando el bloque nacional al que los sometieron los jueces.

La orden de Trump sobre acceso a la ciudadanía por nacimiento ha sido una de sus decisiones más polémicas desde que regresó a la Casa Blanca, considerada por sus críticos como una vulneración evidente de la Constitución.

Al mismo tiempo, el principal freno a su frenética agenda ejecutiva han sido este tipo de bloqueos judiciales a la efectividad de sus órdenes a nivel nacional. Para los aliados de Trump -y, anteriormente, para presidentes demócratas cuando ellos eran los afectados- es un abuso de poder de los jueces que limita de manera arbitraria al poder ejecutivo salido de las urnas.

La sentencia fue adoptada por una mayoría de 6-3 del Supremo, con los jueces divididos por sectores: los seis jueces nombrados por presidentes republicanos -incluidos los tres que Trump tuvo la oportunidad de nominar en su primer mandato- votaron a favor de limitar los bloqueos judiciales, mientras que las tres magistradas nominadas por demócratas votaron en contra.

La opinión contraria del sector progresista fue redactada por la juez Sonia Sotomayor. «Ningún derecho está asegurado con el nuevo régimen legal que este tribunal crea ahora», escribió. «Hoy, es la amenaza a la ciudadanía por nacimiento. Mañana, un Gobierno diferente podría tratar de confiscar las armas de ciudadanos que respetan la ley o impedir a personas de ciertas religiones congregarse para el rezo».

«El imperio de la ley no está garantizado, ni en esta nación ni en ninguna otra. Es un principio de nuestra democracia que durará solo si aquellos valientes en cada uno de los poderes pelea por su supervivencia. Hoy, el tribunal ha abdicado de papel vital en esos esfuerzos», criticó Sotomayor. «Con un golpe de bolígrafo, el presidente ha hecho una 'burla solemne' de nuestra Constitución. En lugar de mantenerse firme, el tribunal se lo permite. Porque esta complicidad no debería tener lugar en nuestro sistema judicial, disiento», cerró en su opinión.

Otra de las jueces del sector progresista, Ketanji Jackson, defendió que la decisión supone una «amenaza existencia al imperio de la ley» porque permite al poder ejecutivo violar la Constitución contra cualquier persona que no haya todavía contestado un decreto en tribunales. Aseguró que permite «el tipo de poder sin control y arbitrario que los Padres Fundadores trataron de erradicar con nuestra Constitución».

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