El Supremo de EE.UU. ordena a la Administración Trump que facilite la devolución del salvadoreño deportado «por error»

Se trata de Kilmar Armando Abrego García, que fue expulsado en uno de los polémicos aviones que la Administración Trump voló a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador con decenas de inmigrantes indocumentados sospechosos de pertenecer a bandas criminales como Tren de Aragua o MS-13.

Muchos de ellos fueron deportados de forma expedita por la invocación de una ley bélica de 1798 -discutida también en tribunales y cuya utilización por ahora ha mantenido en pie el Supremo-, pero Abrego García estaba entre los que fueron expulsados por canales convencionales.

Muchos de los deportados han defendido que no tienen nada que ver con bandas criminales. En el caso de este salvadoreño, fue la propia Administración Trump la que reconoció en documentos judiciales que su expulsión fue por un «error administrativo». Abrego García está casado con una estadounidense y ambos tienen una hija también de nacionalidad estadounidense.

Los abogados del Departamento de Justicia mantienen que, frente a lo que dicen la defensa del expulsado, Abrego García formaba parte de MS-13. Pero reconocieron que un juez le colocó en un estatus en el que no se permite la expulsión, por lo que no debió ser deportado. Pero la Administración Trump defendió que, una vez bajo la jurisdicción de El Salvador, EE.UU. no podía hacer nada por devolver al deportado.

Una jueza federal de Maryland, Paula Xinis, ordenó al Gobierno que trajera a Abrego García de vuelta a EE.UU. La Administración Trump recurrió esa orden, hasta que el asunto llegó a manos del Supremo.

El alto tribunal dictaminó a favor de los intereses de Abrego García y contra la Administración Trump, pero sin llegar a exigir un cumplimiento inmediato de la resolución.

«La orden exige de forma adecuada que el Gobierno 'facilite' la liberación de Abrego García de su detención en El Salvador y asegure que su caso se ventila como debería haber sido si no se le hubiese enviado de forma errónea a El Salvador», dice el dictamen del Supremo sobre la orden que interpuso la jueza Xinis. Pero al mismo tiempo, declara que la expresión que la magistrada usó para imponer la devolución -«efectúe»- es «poco clara» y «podría exceder su autoridad».

«El tribunal de distrito tiene que clarificar su orden, con la contemplación debida de la deferencia que se debe al poder ejecutivo en el desempeño de la política exterior», añade el texto del Supremo, que tuvo unanimidad de todos sus jueces -con una mayoría 6-3 de magistrados conservadores- pero que contó también con opiniones particulares de las tres juezas liberales. Todas ellas defendieron que el Supremo simplemente debería haber obligado al Gobierno a cumplir la orden de la juez Xinis.

Los abogados de Abrego García celebraron la decisión del Supremo de impulsar la devolución de su cliente como un triunfo del «imperio de la ley». Pero esa exigencia de aclaración ha sido recibida como una victoria por parte de la Administración Trump, que la entiende como una demostración de que «los 'jueces activistas' no tienen jurisdicción para controlar la autoridad del presidente en el desempeño de la política exterior».

El caso volverá ahora al tribunal de distrito, donde este viernes se celebrará una vista en la que la jueza Xinis demandará a la Administración qué pasos va a dar para cumplir con la orden del Supremo.