Suecia alquila cárceles en Estonia ante la masificación de las suyas

Este es el contexto en el que el Gobierno de Estocolmo ha decidido alquilar plazas de prisión en Estonia, en lo que supondrá una especie de externalización del sistema penitenciario sueco. En la cárcel de Tartu, en Estonia, Suecia dispondrá de un espacio de 400 celdas para un total de 600 presos que serán trasladados a cumplir allí sus condenas. El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, ha confirmado que los presos serán suecos y extranjeros, así como que serán atendidos y custodiados por personal estonio.

El acuerdo que los gobiernos de los dos países firmarán a mediados de este mes incluye un servicio de traducción para facilitar el día a día carcelario y Estonia se compromete a seleccionar para este servicio a funcionarios de prisión que al menos puedan hablar inglés. Según Strömmer, cada plaza de prisión en alquiler costará a las arcas suecas 8.500 euros al mes, lo que resultará más económico que el coste en Suecia, que ronda los 11.500 euros mensuales. Una vez firmado el acuerdo, el parlamento sueco deberá aprobar el proyecto, que entrará en vigor en 2026.

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Las cárceles suecas albergaban alrededor de 6.000 presos en 2023, pero las proyecciones de acuerdo al aumento de sentencias calculan unos 35.000 en 2033, según las previsiones de la autoridad penitenciaria, a la que le preocupa el aumento del número de actos de violencia entre los reclusos. Olof Bäckman, profesor de criminología en la Universidad de Estocolmo, advierte que la desaparición de los miembros de las bandas criminales de las calles «puede llevar a una calma temporal», pero el problema se traslada a las prisiones, desde las que a menudo los capos siguen dirigiendo los negocios de tráfico de drogas y trata de personas ligada a la prostitución. Enes Al Weswasi, que investiga las consecuencias del encarcelamiento, considera probable que durante las estancias en prisión muchos jóvenes criminales continúen cometiendo delitos.

El ministro Strömmer subraya que la capacidad en las aproximadamente 50 cárceles ha sido ampliada ya al máximo y que, de las 9.000 plazas del último recuento, se está triplicando ya el número hasta las 27.000. «Y aun así no es suficiente», señala. La ministra de Justicia de Estonia, Liisa-Ly Pakosta, se felicita por su parte de que su país pueda generar una nueva vía de ingresos y asegura que las similitudes entre los dos Estados facilitarán la colaboración. «Vemos este acuerdo como una cooperación bilateral para reforzar la seguridad de ambos países», defiende.

El presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento sueco (Riksdagen), Henrik Vinge, ha confirmado que los hombres adultos que hayan sido condenados por asesinato, delitos sexuales o económicos pueden ser trasladados a otro país de la UE, aunque según este acuerdo Suecia no enviará a Estonia a delincuentes que supongan un «mayor riesgo para la seguridad» de ese país. Vinge se ha referido concretamente a los condenados por delitos de terrorismo o delincuencia organizada grave. Serán presos comunes los trasladados a Estonia para dejar espacio a los miembros de las bandas del crimen organizado en Suecia.

Los países nórdicos llevan una década sirviéndose de acuerdos como este para expandir en el exterior su sistema carcelario. En 2014, cuando Noruega ya no sabía qué hacer con sus presos, firmó un acuerdo con los Países Bajos que duró de 2015 a 2018. Y en 2021, cuando por razones similares a las suecas comenzaron a sufrir situaciones de hacinamiento las prisiones de Dinamarca. Copenhague llegó a un acuerdo con Kosovo para que los detenidos deportados de terceros países, 348 personas en ese momento, fuesen trasladadas a la prisión de Gjilan. El ministro de Justicia danés, Nick Hækkerup, garantizó que esta cárcel ofrecería las mismas reglas y condiciones que cualquiera otra en Dinamarca y aceptó el escrutinio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque es evidente que, al menos cuando se trata de las visitas de familiares, esas mismas condiciones no se cumplen.

Existen además preocupaciones muy comprensibles sobre la externalización de tareas estatales soberanas en el extranjero, pero lo cierto es que estas medidas gozan de un amplio consenso en los países nórdicos, cuyos parlamentos las aprueban sin demasiadas dificultades. Como compensación por la recepción de los prisioneros, la República de Kosovo recibe 210 millones de euros anuales de Dinamarca, según ha confirmado el Ministerio de Justicia en Pristina. Este dinero está siendo invertido sobre todo en energías renovables y en la mejora de la infraestructura general del sistema penitenciario de Kosovo.