Suiza «tontea» con la pena de muerte

La campaña en favor de reactivar la pena capital es retirada un día después de lograr el permiso gubernamental para celebrar un referéndum

corresponsal en berlín Actualizado:

Se trataba, al parecer, sólo de llamar la atención y el instrumento ha sido, efectivamente, llamativo: la pena de muerte. La campaña en favor de reactivar la pena capital en la república helvética ha sido retirada un día después de lograr el permiso gubernamental para emprender un referéndum.

Preguntas como «Si se lograra evitar, aunque sólo fuera un nuevo crimen, ¿estaría justificada?», han hurgado estos días en las tranquilas conciencias suizas. Y el ruido obtenido en medios políticos y de opinión ha sido notable, tanto que el debate ha alarmado entre otros a Amnistía Internacional, que ha defendido que la pena de muerte es siempre «un castigo sin efecto disuasorio alguno», a más de «inhumano».

El portavoz del comité ciudadano, reunido en torno a la familia de una víctima de asesinato, ha anunciado a los medios la retirada de la iniciativa, argumentando que su sola intención era la sensibilización general sobre las que consideran disfunciones de la justicia, especialmente en casos de crímenes con carácter sexual, que harían al Estado frecuente «cómplice» del criminal.

Pese al rechazo general de todos los partidos, la iniciativa proponía reintroducir en la constitución federal la pena capital -abolida desde 1942- para determinados delitos de asesinato con abuso sexual. La Cancillería de Gobierno en Berna aceptó formalmente ayer el texto argumental, presentado por el comité, dictando de plazo hasta febrero de 2011 para la perentoria recogida de 100.000 firmas de respaldo.

Una ejecución a tiempo

La confederación suiza es uno de esos raros lugares en que todo es debatible y, casi todo, sometido a consulta popular; y, con frecuencia, no una vez, sino varias, en una especie de calentamiento del debate público. Pero un segundo debate ha emergido sobre la pertinencia de someter determinadas cuestiones, que chocarían con las obligaciones legales suizas e internacionales, a la consulta popular.

«La iniciativa era lo único que podíamos hacer legalmente para hacer oír nuestras voces», ha dicho a los medios su portavoz, Marcel Graf, orgulloso de lograr «nuestro principal objetivo, despertar la sensibilidad sobre el estado de estas cuestiones» y denunciar «la precariedad de las familias afectadas». El caso es que, según fuentes del Gobierno, una vez aprobada la celebración, la iniciativa aún podría llevarse a cabo por el propio grupo convocante o por otros.

Los últimos fusilamientos en Suiza tuvieron lugar en plena II Guerra Mundial y afectaron a 17 reos pero, si entonces no eran públicos los argumentos, ahora la iniciativa ha barajado la idea de que una ejecución a tiempo «ayuda a los allegados a la víctima» a sobrellevar el duelo y refutan la posibilidad de terminar despenando a un inocente por error, apoyándose en las técnicas modernas de investigación y pruebas concluyentes que tal tipo de delincuentes dejan en torno a los hechos, como explican en su web: www.todes-strafe.ch.