El Parlamento de Grecia aprueba la expulsión sin derecho de asilo para los inmigrantes irregulares

La controvertida medida prevé la imposibilidad de solicitar asilo a los inmigrantes que lleguen de forma irregular principalmente desde la costa de Libia. Estas personas serán detenidas y deportadas de forma inmediata a su país de origen o al lugar desde donde emprendieron su viaje a Grecia. Además, según lo anunciado en la sesión parlamentaria, hasta que se produzca su repatriación, los inmigrantes permanecerán retenidos en centros especiales que serán habilitados en Creta.

Durante su intervención en el Parlamento, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, afirmó que «Grecia no es la ruta fácil» y defendió la necesidad de una respuesta unificada europea frente a la presión migratoria.

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Por su parte, el ministro de Migraciones y Asilo, Thanos Plevris, anunció un nuevo proyecto de ley que criminalizará la estancia irregular en Grecia. El ministro calificó las llegadas desde el norte de África como «una operación de invasión hacia Europa» y advirtió de la presencia de «tres millones de personas en la costa de Libia» esperando llegar a Europa.

Según el ministro Plevris, más de 500 personas cruzaron este jueves la frontera sur de Grecia. El ministro afirmó que ninguna de ellas –en su mayoría procedentes de Egipto– cumple con los requisitos para recibir protección internacional. En un tono contundente, pidió poner fin a lo que calificó como «el cuento de hadas que cuentan las niñeras», en referencia a las posturas de los partidos de la oposición que piden que no se elimine para estas personas la posibilidad de iniciar los trámites de asilo.

Los principales partidos de la oposición denunciaron la inconstitucionalidad de la medida y alegaron que es también contraria a lo establecido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y de la Convención de Ginebra, que garantiza el derecho de las persona a solicitar asilo.

Desde Syriza-A.P, calificaron la enmienda como «una devolución en caliente de facto» que, además, viola el derecho internacional. Advirtieron de que la medida crea un «limbo legal» al suprimir la distinción entre refugiados e inmigrantes económicos, creando «zonas grises» donde muchas personas quedarán sin un estatus legal definido.

Los socialistas del Pasok-Kinal optaron por abstenerse durante la votación, al considerar que se trata de una medida populista que no ofrece una solución estructural al problema y que vulnera la Constitución griega. En su lugar, propusieron agilizar los procedimientos de asilo para que, una vez denegada la solicitud, los inmigrantes puedan ser repatriados de inmediato a sus países de origen. Según el líder socialista, Nikos Andrulakis, el 80% de los solicitantes de asilo no son refugiados, sino inmigrantes, en su mayoría de países con los que Grecia tiene acuerdos bilaterales.

Frente a las críticas, el portavoz del Gobierno, Pavlos Marinakis, defendió la legalidad de la reforma, asegurando que se trata de «una decisión necesaria y absolutamente legítima para el bien del país y de sus ciudadanos».

El ministro de Asuntos Exteriores, Yorgos Gerapetritis, calificó la situación actual como «una amenaza potencial» y justificó la urgencia de las actuaciones «ante un fenómeno que puede tornarse muy peligroso». Si bien ha puesto de relieve que se trata de una medida con carácter temporal, para afrontar una situación de emergencia y con el objetivo de enviar el mensaje a los traficantes de que la frontera griega está cerrada.

Por su parte, Plevris señalo que se trata de «circunstancias extraordinarias», similares a las acontecidas en 2020 en la región fronteriza de Evros, y aseguró que se consultó previamente a la Comisión Europea.

Tras un acalorado debate, la objeción de inconstitucionalidad fue finalmente rechazada por mayoría absoluta.

La enmienda también ha sido criticada por Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, a través de un comunicado que la medida viola el principio de no devolución. Asimismo, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, recordó que la medida viola lo establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Tras la votación en el Parlamento, tuvo lugar una reunión urgente en el Ministerio de Migraciones y Asilo en el que se establecieron los pasos para gestionar las llegadas masivas en Creta.