El Parlamento Europeo condena la política francesa de expulsiones

El Grupo Popular había preparado una resolución alternativa, que con buen criterio se pronunciaba a favor de una estrategia común europea para la integración de los gitanos, pero fue rechazada precisamente porque no incluía una mención específica a Francia. Los diputados conservadores franceses han lamentado el resultado de la votación “por sus anatemas hipócritas y sus condenas sin fundamento, lo que contribuye a enturbiar el debate” sobre la situación de los gitanos de origen rumano en otros países de la UE.

La resolución aprobada había sido presentada por liberales, socialistas, comunistas y verdes y fue aprobada por 337 votos a favor, algunos de ellos al parecer provenientes del grupo popular, y 245 en contra. El Parlamento se declara “muy preocupado por las medidas adoptadas por las autoridades francesas, así como las de otros países, contra gitanos, incluyendo su expulsión”. Los redactores han estado negociando sobre todo esta frase y si se incluía o no una mención expresa a Francia, ya que sobre el fondo del asunto no había discrepancias entre los grupos. Los promotores del texto prefirieron preservar esa mención concreta a Francia antes que lograr el consenso de la Cámara.

Los diputados han decidido que debían condenar “esta actitud que se ha sumado a una ola de estigmatización y de denigración general de los gitanos en el discurso político”. El texto no tiene carácter vinculante, así que el Gobierno francés no está obligado a cumplirlo, aunque haya sido aprobado precisamente en la sede parlamentaria de Estrasburgo, ciudad francesa por excelencia.

La Comisión Europea ha sido también objeto de las críticas de los eurodiputados, por su “tardía” y “moderada” actitud frente al problema. Durante el debate sobre el tema el martes, se pudo apreciar que las conversaciones entre Sarkozy y el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso , habían tenido un efecto balsámico en este campo. La comisaria de Justicia y derechos fundamentales, Viviane Reding , insistió en que sus servicios jurídicos seguirán recopilando datos para completar un informe sobre la política francesa, aunque por ahora sostienen que no se ha violado la legislación comunitaria.