Una juez bloquea la expansión de las deportaciones exprés de Trump

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David Alandete

El proceso conocido como 'expulsión expedita', sin que los inmigrantes gocen de una vista judicial, había sido utilizado hasta ahora con inmigrantes detenidos a una distancia de menos de cien millas (160 kilómetros) de la frontera y que llevaban en el país menos de 14 días.

La juez Cobb defiende en su decisión que las expulsiones expeditas pueden seguir adelante en ese formato, pero no en la expansión a todo el país, como ha hecho la Administración Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) anunció el pasado 21 de enero, un día después de la investidura de Trump, la expansión de esa práctica a todo EE.UU. y potencialmente a todo aquel que haya estado menos de dos años en el país.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó al Gobierno de EE.UU. por ello y la jueza le ha dado la razón. En su decisión, Cobb, argumentó que «defendiendo este proceso, el Gobierno defiende un argumento sorprendente: que aquellos que entraron en el país de forma ilegal no tienen derecho a los procesos garantizados por la Quinta Enmienda (la que establece los derechos de debido proceso), sino que deben aceptar lo que sea que les dé el Congreso. Si eso fuera correcto, no solo quienes no son ciudadanos, sino todo el mundo estaría en peligro».

No hay duda de que la Administración Trump recurrirá esta decisión, que representa un golpe importante a la mano dura en política migratoria del multimillonario neoyorquino. Tanto en campaña como una vez en la Casa Blanca, Trump ha prometido llevar a cabo «el mayor programa de deportación de la historia de EE.UU.». Ante el desplome de las retenciones en la frontera gracias a sus políticas, conseguir números altos de deportaciones es más complicado, ya que, hasta ahora, la mayoría de las expulsiones eran de personas detenidas en la frontera o cerca, con mayores facilidades legales y logísticas para conseguirlo. Ampliar las deportaciones expeditas a todo el territorio del país es un pilar de su política migratoria.

El DHS protestó la decisión en un comunicado en el que defendió que la jueza «ignora la autoridad del presidente establecida en el artículo II de la Constitución y en el tenor de la ley federal».

«El presidente Trump tiene el mandato de arrestar y deportar a los peores entre los peores», añadió. «Tenemos a las leyes, los hechos y el sentido común de nuestro lado».