La Guardia Costera griega, acusada de «graves omisiones» en el naufragio en el que murieron 600 inmigrantes en Pylos

Para la elaboración del informe, la Autoridad Independiente encargada de la investigación del naufragio recopiló un expediente de más de 5.000 páginas, que incluye registros de las conversaciones de los servicios involucrados en las labores de rescate, investigaciones periodísticas, declaraciones juradas, un informe pericial y las declaraciones de diez oficiales de la Guardia Costera, entre otras pruebas. Entre las conclusiones del informe, destaca la afirmación de que se cometieron «una serie de graves omisiones en los deberes de búsqueda y rescate por parte de los oficiales superiores de la Guardia Costera Helénica.

El informe también analiza en detalle los hechos, las acciones y omisiones de los oficiales de la Guardia Costera involucrados, —en relación con las disposiciones contempladas en el marco legal establecido por la Convención Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR)—, desde que el Centro de Coordinación de Italia recibió la notificación sobre la presencia del pesquero sobrecargado a las 11:00 a.m. del 13 de junio de 2023 —hecho que fue confirmado por FRONTEX— hasta su hundimiento 15 horas después, el rescate de 104 sobrevivientes y la recuperación de 82 cuerpos, concluyendo que existen «claras evidencias» de que ocho oficiales superiores son responsables de la muerte y de los riesgos para la salud y la integridad física de los ocupantes del buque, según lo dispuesto en el artículo 306 del Código Penal griego.

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El expediente también revalúa la denuncia sobre el supuesto remolque del pesquero por parte de la embarcación de la Guardia Costera griega. En este sentido, la Autoridad Independiente manifiesta que, a pesar de las solicitudes, las autoridades pertinentes no han facilitado los datos sobre las comunicaciones que tuvieron lugar entre el capitán de la embarcación de la Guardia Costera que acudió al lugar de los hechos y sus superiores entre las horas previas y posteriores al hundimiento del pesquero.

El informe hace hincapié también en que las grabaciones tomadas por las cámaras de la embarcación que acudió al rescate del buque son cruciales para establecer las responsabilidades en el naufragio. En este sentido, cabe recordar que la embarcación no grabó las labores realizadas porque las cámaras estaban fuera de servicio debido a una avería.

Tras su presentación por el Defensor del Pueblo griego, Andreas Potakis, el informe ha sido enviado al Ministro de Marina y Política Insular para que ejerza la jurisdicción disciplinaria correspondiente y, simultáneamente, a la Fiscalía competente del Tribunal Marítimo de El Pireo para evaluar la existencia de posibles delitos penales. Potakis, subraya que «la transparencia de la acción administrativa y la atribución de responsabilidades, donde existan, por el trágico naufragio de Pylos, es una exigencia fundamental de la justicia, estrechamente vinculada con el respeto al estado de derecho, así como la exhaustiva investigación por parte de la administración de cualquier otro incidente relacionado con la violación del derecho a la vida, la salud y la integridad física». Cabe recordad que, según el Tribunal Europeo, la cuestión primordial en una operación de búsqueda y rescate es si los esfuerzos de las autoridades «se centraron de manera adecuada y suficiente en la vida de las personas involucradas».

Por su parte, el Ministerio de Transporte Marítimo y Política Insular de Grecia ha criticado duramente, a través de un comunicado, las conclusiones de la investigación, alegando que «trasladan» la responsabilidad de las redes de tráfico de personas a los oficiales de la Guardia Costera. Además, reprocha que en la investigación se apoyen «las alegaciones que cuestionan el adecuado ejercicio de las responsabilidades de la Guardia Costera, sin ninguna documentación fehaciente», llegando a «conclusiones arbitrarias». En el comunicado también se destaca el compromiso del Gobierno heleno en su lucha contra la inmigración ilegal, a través de una «política estricta pero justa de protección de las fronteras del país», y la plena confianza en la Guardia Costera para «la protección efectiva de las fronteras del país y de la Unión Europea, así como en el ejercicio de las funciones de búsqueda y salvamento».