Francia, contra el «turismo de la miseria»

Tras varios meses de gestación, Nicolas Sarkozy presentó la nueva política en su discurso del 30 de julio pasado, en Grenoble. Y las expulsiones de gitanos de origen rumano, mayoritariamente, durante el mes de agosto, sólo fueron la primera parte de una política que tiene muchos otros frentes, nacionales e internacionales, que el gobierno francés irá explicando dentro y fuera de la UE.

La nueva política de seguridad interior comporta, igualmente, varios capítulos jurídicos de alcance europeo: privación de la nacionalidad a los franceses de distinto origen culpables de delitos de relativa envergadura o tipificación jurídica de nuevos delitos como el de la «mendicidad agresiva», aplicados «con rapidez y severidad».

«Se trata de adaptar nuestra legislación y política de seguridad interior a las nuevas realidades sociales», comenta Brice Hortefeux, ministro del interior. Eric Besson, ministro de la Integración y la Inmigración, anuncia una adaptación de urgencia de la legislación francesa para poder ampliar los motivos de expulsión a la «mendicidad agresiva».

Tras el ingreso de Rumanía y Bulgaria en la UE, el 2007, Hortefeux y Besson denuncian la aparición en Francia de nuevas formas de mendicidad agresiva practicada por rumanos y búlgaros de distinto origen étnico, «abusando del derecho indiscutido de una residencia temporal». Dicho de otro modo: el gobierno francés estima que el ingreso de Rumanía y Bulgaria precipitó un «turismo de la miseria» perfectamente visible para los usuarios del metro parisino: niños utilizados por sus padres como anzuelo para pedir limosna.

La «mendicidad agresiva» está relativamente bien localizada en París y otras grandes ciudades. La proliferación de caravanas de gitanos en los lugares más insospechados estalló con violencia en julio, cuando varias decenas de familias gitanas saquearon una pequeña localidad, tras violentos altercados con la policía local.

La nueva política de seguridad interior tendrá nuevos capítulos policiales, judiciales y diplomáticos que irán dándose a conocer a lo largo de los próximos meses. El gobierno francés insiste en el más estricto respeto de la legislación nacional y europea, que la opinión pública nacional apoya de forma masiva. Más de un 60 por ciento de los franceses apoya las expulsiones expeditivas.