El exministro de Economía purgado por el régimen cubano no reconocerá los cargos y pide un juicio público

«(…) y como confío en que el pueblo cubano será partícipe de este juicio, su alegato de defensa será correctamente comunicado y la verdad triunfará», sentenció la joven «como testigo fiel de este proceso».

El primer pronunciamiento público se realiza después de que la Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba informara haber concluido las «acciones investigativas» en contra del también ex viceprimer ministro y «otros imputados», quienes se encuentran bajo sanciones privativas de libertad.

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La FGR «solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial».

Al respecto, la hija expresó «profunda consternación» y alegó que, si no se había pronunciado con anterioridad, «ha sido por mi destacado compromiso, al igual que el resto de la familia, en proteger la imagen de nuestro país y evitar a toda costa un descontento popular o un conflicto internacional, así como respetar en todo momento el debido proceso cumplido y colaborar eficientemente en todo el proceso de instrucción».

La joven manifestó estar complacida al saber que «el Gobierno cubano ha puesto en práctica tan eficientemente la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, con una alta constancia y sin precedentes». No obstante, opina que «le quedaron pequeños detalles sueltos que han fomentado la especulación popular»; por tal motivo, considera «que se debe ser totalmente transparente y dar una información completa al pueblo».

Sobre la acusación de espionaje, asegura que «ha sido la piedra angular de esta investigación», por lo que solicita más información.

«¿Qué hizo, a que país o países nos referimos, desde cuándo, cuáles fueron sus vías de comunicación, qué recibió a cambio, dónde sostuvo sus encuentros, en qué escenarios, con quién, bajo la orden directa de quien lo hacía, qué información reveló, qué medidas propuso al país por orden expresa de otro estado, qué pruebas tienen, cuál era su seudónimo?», escribió la joven.

Asimismo, pide que los supuestos gobiernos involucrados en el espionaje de su padre se pronuncien al respecto. «A mi entender, es una acusación muy seria, que trasciende la esfera política cubana y lo conlleva a un caso internacional», advirtió.

Una de las principales exigencias es la realización de un juicio a puertas abiertas, público y televisado, con la participación de medios de prensa oficiales y no oficiales. «(…) y no solo yo, Alejandro Gil también lo está exigiendo, no desde hoy sino desde el primer día», afirmó.

También la hermana del funcionario defenestrado se pronunció sobre el caso resaltando que, «una fuente cercana a la investigación» le ha «garantizado» que la petición fiscal es de «cadena perpetua».

En declaraciones al diario '14yMedio', María Victoria Gil Fernández, expresentadora de la televisión cubana, abogada de formación y actualmente residente en Canarias, consideró «excepcional la suma de delitos imputados», especialmente el de espionaje, el «que se castiga con la pena de muerte».

«Si Alejandro Gil ha sido capaz de traicionar sus principios, no dudaré en desear que caiga sobre él todo el peso de la ley», aseveró la hermana. Asimismo, afirmó sentirse «dolida y avergonzada» por la información que la Fiscalía cubana ha proporcionado sobre su hermano.

Según 14yMedio, «sus palabras no dejan duda de que, lejos de la visión que compartió con este diario en marzo de 2024, cuando hacía hincapié en la presunción de inocencia debida al entonces recién detenido, hoy está más cerca de creer en la culpabilidad de su hermano».

María Victoria Gil Fernández aseveró igualmente desconocer el paradero de su hermano ni quiénes son el resto de los implicados.

Las autoridades cubanas no han emitido más informaciones al respecto. Muchos comparan el caso de Alejandro Gil con el escándalo que se generó en 1989 cuando el entonces general Arnaldo Ochoa y otros militares fueron usados como chivos expiatorios al ser acusados de narcotráfico y traición. Junto a Ochoa, fueron fusilados tres personas.