Corte Penal Internacional: de la orden de arresto exprés para Netanyahu a la década sin acciones contra Maduro

En cambio, otros procesos llevan años en manos de la CPI sin que haya habido hasta ahora órdenes de detención. Es el caso de Venezuela, cuyo alto mando, incluido el mandatario Nicolás Maduro, está acusado de crímenes de lesa humanidad. Tras años de denuncias de detenciones arbirtarias y torturas, la Fiscalía de la Corte abrió en 2018 un «examen preliminar» por el empleo de «fuerza excesiva» por la Policía chavista para «dispersar y reprimir manifestaciones» y «graves abusos» sobre los detenidos.

Desde entonces, víctimas y familiares siguen aguardando una orden similar a las emitidas contra Netanyahu o Putin. Tampoco se ha alcanzado la fase de juicio, que podría llevar a los jerarcas de la dictadura a sentarse en un banquillo. La abogada y doctora en Derecho Internacional Soranib Hernández de Deffendini, que viene aportando informes jurídicos, pruebas y testimonios sobre esas prácticas en Venezuela, reconoce que el diferente ritmo en estos casos «ha generado mucha angustia en las víctimas y familiares». Parecería, señala la abogada, que el fiscal «priorizó» las órdenes sobre los líderes israelí y ruso frente al venezolano debido a «la magnitud», ya que unos se refieren a crímenes de guerra y el otro a crímenes de lesa humanidad.

En todo caso, considera que «procedería solicitar una orden de captura o comparecencia sobre el alto mando civil y militar, incluido el presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas».

Sin embargo, Hernández de Deffendini califica la decisión de Donald Trump de «intromisión absoluta en la independencia de esta Corte, que es de carácter universal y permanente» y niega que el tribunal haya actuado con parcialidad, puesto que al tiempo que la detención de Netanyahu ordenó la del líder militar de Hamás.

Con todo, no cree que vaya a afectar a su funcionamiento, puesto que Estados Unidos «no es Estado parte del tribunal ni donante». El que más dona es la Unión Europea, recuerda. Sí puede tener repercusiones personales para los afectados, a quienes podría negar el visado –algo a lo que EE.UU. tiene derecho como país soberano, señala– o bloquear cuentas o activos, que a su juicio sería «un ilícito» porque «estas personas no son criminales». En ningún caso Washington podría aplicar sanciones a la Corte, puesto que no tiene sentido desde el punto de vista del derecho internacional, asegura esta profesora en las universidades Rey Juan Carlos y Carlos III. En todo caso, la medida «ha generado mucha confusión», recalca.

La Corte Internacional de Justicia se compone de 15 jueces elegidos para mandatos de nueve años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para ser elegido, un candidato debe obtener la mayoría absoluta de votos en ambos órganos.

La firma del decreto de Trump contra la CPI se produce precisamente cuando EE.UU. ha confiscado al régimen de Maduro un avión que permanecía desde el pasado año detenido en la República Dominicana y que utilizaban, entre otros altos cargos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea. Hace unos días un emisario de Trump, Ric Grenell, viajó hasta Caracas para negociar con el mandatario la aceptación de venezolanos deportados y regresó con seis estadounidenses liberados tras estar detenidos en el país caribeño.