Comienza el primer juicio contra la flota fantasma rusa y sus sabotajes en el mar Báltico

Los tres acusados han negado todos los cargos y han rechazado las reclamaciones por daños de los propietarios del cable, que ascienden a decenas de millones de euros. Se acusa de daños criminales agravados e interferencia agravada con las telecomunicaciones, tanto a Davit Vadatchkoria, el capitán georgiano del petrolero registrado en las Islas Cook pero considerado parte de la flota en la sombra con la que Rusia burla las sanciones europeas, como el primer y segundo oficiales de nacionalidad india. La sentencia máxima de Finlandia por daños criminales agravados es de 10 años de prisión, mientras que la interferencia agravada con las telecomunicaciones conlleva una pena de hasta cinco años.

El abogado de Vadatchkoria, Tommi Heinonen, ha calificado los hechos como «un accidente marítimo» ante la corte y, junto con los otros acusados, ha negado la jurisdicción del Tribunal de Distrito de Helsinki en este asunto, dado que los cortes de cable ocurrieron en aguas internacionales. Asegura que el ancla del barco se había caído debido a fallos técnicos en la sujeción del cabrestante del ancla y no ha dado explicaciones acerca de la precisa navegación en zigzag que permitió al barco sesgar, uno tras otro, los cables objetivo.

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El pasado 25 de diciembre, el Eagle S navegó durante tres horas a velocidad reducida después de cortar el primer cable de alimentación a las 12:26 hora local, según ha sido confirmado por la información satelital. Cuando las autoridades marinas finlandesas se pusieron en contacto con él y le preguntaron a las 15:20 si su ancla estaba levantada y asegurada, su tripulación respondió afirmativamente, lo cual no era cierto, han relatado detalladamente los fiscales. Los acusados alegan que no tenían motivos para creer que el ancla se había hundido en el fondo del mar, ya que el ingeniero mecánico del petrolero, que no está siendo juzgado, había informado que el descenso de velocidad se debía a «un problema del motor». Según el relato de la Fiscalía, el camión cisterna continuó su viaje y cortó cuatro cables más entre las 18:00 y las 19:00 horas del mismo 25 de diciembre, lo que, en su opinión, muestra una clara intención criminal. Añaden que el daño causó un grave peligro para el suministro de energía y las telecomunicaciones en Finlandia, y que los costes de reparación superaron al menos 60 millones de euros.

Antes de que empezase el juicio, en una entrevista con Svenska Yle, el capitán del Eagle S ha criticado las drásticas acciones de las autoridades de Finlandia. Insiste en que, en aguas internacionales, las autoridades finlandesas sólo tienen un derecho limitado a emitir órdenes a los barcos mercantes y presenta como prueba de sus buenas intenciones el hecho de que decidió seguir la orden del buque de seguridad de la Guardia Costera de anclar en aguas territoriales finlandesas. «Tenía armas. ¿Por qué habría arriesgado a mi tripulación, mi barco y mi carga? No tenía ninguna razón para escapar», ha afirmado.

Se ha quejado además de que los oficiales armados que abordaron el barco, que en su opinión no tenían experiencia previa en una operación de este tipo, «podrían haber causado una catástrofe cuando aterrizaron desde helicópteros con equipo de combate completo», sin observar las instrucciones de comportamiento estrictas en la cubierta de un petrolero para evitar la electricidad estática y las posibles chispas. «Fue una grave violación de la seguridad marítima. Habíamos obedecido todas sus órdenes. No tenían ninguna razón para ser tan agresivos», dice Vadatchkoria, que denuncia que las autoridades no presentaron una decisión judicial y no dijeron por qué habían abordado el barco, en el que incautaron dispositivos electrónicos, ordenadores, cámaras y teléfonos del Eagle S.

Según el fiscal general adjunto Jukka Rappe, «no hay duda de que los actos fueron intencionales, es decir, se hicieron intencionadamente para destruir infraestructuras europeas de energía y comunicaciones». Estima que los propietarios de los cables dañados, es decir, Elisa y la empresa estatal Cinia, podrán exigir daños millonarios debido a los daños y su intención última es descubrir qué órdenes y de qué procedencia cumplía el Eagle S. De tratarse de órdenes rusas, el juicio podría desembocar en un conflicto internacional, dado que, aunque los hechos ocurrieron en aguas internacionales, se trataría de un ataque a infraestructuras críticas de seguridad de países europeos miembros de la OTAN.