Finlandia lleva a los tribunales a los tripulantes del barco fantasma ruso Eagle S

Esto sucedía el 25 de diciembre, mientras ambas orillas del Báltico celebraban la navidad, y afectaba gravemente, tanto a la estabilidad energética regional como a la seguridad de datos y las comunicaciones estratégicas. El coste estimado de las reparaciones, que terminaron el mes pasado, fue de 60 millones de euros, según la empresa energética Fingrid. El valor de la pérdida de datos y sus implicaciones para la seguridad es incalculable.

Antes de este, se habían producido otros casos de sabotaje en la región por parte de la flota en la sombra de petroleros, que burlan las sanciones impuestas por la UE. El Eagle S navega bajo bandera de las Islas Cook , pero iba cargado con petróleo ruso y se sospecha que seguía órdenes rusas también en sus destructivas maniobras. En esta ocasión, la guarda costera de finlandesa detuvo el barco, lo escoltó a puerto y detuvo a sus tripulantes.

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Ahora, sus tres principales tripulantes han sido acusados por la Fiscalía de Helsinki de dañar los cables submarinos. Se han presentado cargos contra el capitán y los oficiales primero y segundo por daños graves a la propiedad y graves interrupciones de los sistemas de comunicación. Además, han alegado quelas acciones que realizaron los tripuntes forman parte de un sabotaje a las infraestructuras energéticas y de comunicaciones finlandesas que podría estar dirigido a una guerra híbrida que Moscú está librando contra los países occidentales.

Los acusados se enfrentan a penas de hasta 12 años de prisión, pero se declaran inocentes y alegan que Finlandia no tiene jurisdicción, ya que el incidente ocurrió fuera de sus aguas territoriales. La fiscalía respondió que un tribunal local decidirá si el caso cae o no bajo jurisdicción finlandesa. El barco permanece retenido cerca del puerto de Porvoo.

La naviera propietaria, Caravella, con sede en Dubái, ha calificado la detención como un «secuestro» y ha solicitado judicialmente la liberación del buque. El abogado de la naviera critica que no se permitió asesoría legal durante los interrogatorios a la tripulación. Por otro lado, la ministra alemana de exteriores, Annalena Baerbock, calificó en diciembre la actuación del Eagle S como una «señal de alarma urgente» sobre la vulnerabilidad de los cables submarinos. La OTAN anunció un refuerzo militar en el mar Báltico tras el incidente.

Del total de 24 personas que formaban la tripulación del Eagle S durante el acto de sabotaje, ocho están todavía sujetos a restricciones de movimiento impuestas por la Policía Criminal Central de Finlandia. El resto de la tripulación permanece bajo vigilancia, pero sin cargos formales hasta el momento. La detención prolongada de la tripulación ha generado tensiones diplomáticas y demandas judiciales por parte de la naviera propietaria.

Con este caso, Europa pretende poner tope a la actividad de los petroleros rusos en la sombra, que se habían convertido en una amenaza constante en el Báltico. El Eagle S fue interceptado por la Guardia Costera finlandesa el 26 de diciembre de 2024, mientras navegaba por el Golfo de Finlandia, en aguas internacionales. La Policía de Helsinki abordó el buque y lo trasladó al puerto de Porvoo para iniciar la investigación. El remolcador finlandés Ukko y el buque guardacostas Uisko participaron en una operación que primeramente alegaron que el traslado se realizó desde la ubicación inicial por estar expuesto a condiciones meteorológicas adversas, lo que dificultó el acceso de las autoridades de Finlandia.

La detective superintendente Elina Katajamäki, de la Oficina Nacional de Investigación, se hizo cargo del caso. Poco después confirmó que, en la primera inspección submarina, se halló la marca de arrastre del ancla a de decenas de kilómetros, lo que respaldaba la hipótesis de sabotaje como causa de la avería. Justificó que «la prohibición de viajar a la tripulación es una forma de privación de libertad más leve que el arresto y la detención». Explicó que había dado esa orden sobre los miembros de la tripulación «para garantizar que la investigación criminal no se vea comprometida y que los implicados puedan ser localizados durante la investigación». Las 35.000 toneladas de combustible que transportaba el barco también fueron retenidas por el Servicio de Aduanas, ante sospechas de pertenecer a la «flota rusa en la sombra».

El Eagle S puso de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras en el Báltico. Tras el acto de sabotaje, la OTAN estableció patrullas marítimas «por debajo, por encima y en la superficie del mar» para proteger cables y tuberías. Finlandia, Estonia, Alemania, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron explícitamente su derecho de intervención. «Nos reservamos el derecho, de conformidad con el Derecho internacional, de actuar contra cualquier buque sospechoso de eludir las sanciones y amenazar nuestra seguridad, nuestras infraestructuras y el medio ambiente», establecieron en su informe. Asdimismo, se apoyaron en el principio de legítima defensa y en el deber de proteger infraestructuras críticas, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).