Bolivia reabre la puerta a la DEA para colaborar con Trump en la lucha contra el narcotráfico

La decisión no es aislada y forma parte de un proceso más amplio de reacomodo institucional, reinicio de relaciones con Washington a nivel de embajadores y replanteamiento de la estrategia contra organizaciones criminales que, en los últimos años, ampliaron su presencia en territorio boliviano. Paz, que asumió la Presidencia el 8 de noviembre, ha expresado que Bolivia debe integrarse de nuevo con el mundo, señalando que el país no puede enfrentarse por sí solo amenazas que desbordan sus fronteras.

El nuevo ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha ratificado este giro y ha insistido en que la lucha contra delitos transnacionales requiere colaboración con agencias estadounidenses, europeas y de países vecinos. Según explicó, el Estado ha perdido control en zonas afectadas por el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. También ha denunciado que el Ministerio de Gobierno fue encontrado sin documentación administrativa ni bases de datos, lo que, a su juicio, evidencia un deterioro prolongado de la institucionalidad.

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En el núcleo operativo de esta nueva etapa estará el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, quien regresa a la gestión pública más de dos décadas después de haber sido el 'zar antidroga' en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Justiniano sostiene que Bolivia debe volver a integrarse en mecanismos de cooperación que aporten información, tecnología e inteligencia, y considera que en la última década el país perdió capacidad de detección frente a redes criminales que hoy actúan de forma más compleja y transnacional. Su línea apunta también a diferenciar la producción legal de hoja de coca en Los Yungas de la producción excedentaria del Chapare.

Precisamente, la reactivación de la cooperación con Estados Unidos ha profundizado la fractura entre estas dos regiones productoras. Los Yungas, la zona tradicional de cultivo en el departamento de La Paz, respaldan la decisión del Gobierno. Su dirigencia sostiene que su producción tiene mercados legales y controlados, y que una presencia internacional puede contribuir a ordenar la erradicación en áreas no autorizadas. La posición contrasta con la del Chapare, donde las organizaciones afines a Evo Morales consideran que el retorno de la DEA vulnera la Constitución y supone una injerencia externa.

Morales ha situado este debate en un plano político, argumentando que la DEA opera con motivaciones geoestratégicas y recordando que fue expulsada en 2008 por supuestos actos de injerencia. Su bloque exige que cualquier decisión sobre el retorno de la agencia estadounidense sea sometida a una consulta popular, un referéndum. En paralelo, insiste en que, durante su Gobierno la reducción de cultivos ilegales se logró sin presencia norteamericana y que el país no debería retroceder hacia modelos que considera fracasados.

No obstante, el escenario interno en Bolivia es más complejo que un enfrentamiento entre el Gobierno y el sector cocalero del Chapare. El vicepresidente electo, Edmand Lara, considera que la cooperación internacional debe limitarse a la formación y al equipamiento, y que la prioridad debería ser la reestructuración profunda de la Policía boliviana. Avisa además que la soberanía no puede ser vulnerada bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y sostiene que la DEA ha operado de forma encubierta en Bolivia incluso después de su expulsión.

El nuevo comandante en jefe, Hugo Balderrama Quezada, alerta que el país enfrenta amenazas que ya no son tradicionales, desde el narcotráfico y el terrorismo hasta el cibercrimen, y que la institución militar necesita actualizarse mediante intercambios académicos y operativos con ejércitos de países aliados. Su diagnóstico coincide con el del Gobierno: Bolivia debe recuperar capacidades y conectarse de nuevo con redes internacionales de seguridad.

En el plano regional, Paz ha iniciado contactos con Chile, Perú, Brasil y Paraguay para reforzar la vigilancia fronteriza. La preocupación sobre la presencia del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de la región, se ha convertido en un factor clave. La idea del Gobierno es reinsertar a Bolivia en esquemas de cooperación que habían quedado prácticamente inactivos.

El retorno de la cooperación con la DEA llega así en un momento en el que Bolivia intenta recomponer sus instituciones y reinsertarse en los circuitos internacionales de seguridad. El debate interno continúa abierto y enfrenta sensibilidades distintas sobre soberanía, territorio y legitimidad del control estatal. Para el Gobierno, sin embargo, no actuar ya no es una alternativa.