Biden reanuda la repatriación de venezolanos indocumentados en medio de una llegada masiva de inmigrantes

La Administración Biden no quiso especificar cuántos venezolanos en situación de detención se verán afectados, ni cuántos vuelos se llevarán a cabo en el futuro próximo. Los altos cargos se limitaron a decir que todo aquel que no cumpla con los requisitos legales para entrar será deportado, como impone la ley migratoria.

Tampoco ofrecieron detalles sobre algo importante: cómo ha sido el acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro para restablecer estos vuelos de repatriación, que en los últimos tiempos no había permitido la dictadura chavista. El Departamento de Estado no respondió sobre qué contrapartidas se han concedido a Maduro para que ahora acepte la llegada de los venezolanos expulsados.

Hasta que no se sepa el alcance en número de deportaciones del acuerdo con Venezuela será imposible saber si tendrá un impacto en la situación desbordada en la frontera sur de EE.UU. En el mes pasado, según datos provisionales del Departamento de Seguridad Nacional al que ha tenido acceso la cadena CBS, cerca de 50.000 venezolanos cruzaron la frontera de manera ilegal. Supone cerca de un cuarto de todos los arrestos registrados en septiembre y un récord para los nacionales del país sudamericano. En el último año fiscal se ha sobrepasado el número de dos millones de arrestos de inmigrantes sin documentos.

La llegada de venezolanos a EE.UU. se ha disparado en los últimos años, en medio de la persistencia de la crisis humanitaria, económica y política de la dictadura de Maduro y que ha supuesto la huida de más de siete millones de los habitantes del país, que disfruta de una gran riqueza petrolífera. Muchos de los huidos se asentaron en un principio en países de la región, pero desde hace tres años cada vez más se aventuran al viaje hasta la frontera con EE.UU., para lo que tienen que atravesar todo Centroamérica, incluido el peligroso paso por la selva del Darién, en Panamá.

En la anterior récord de entradas ilegales de venezolanos se produjo en septiembre del año pasado, con 34.000 arrestos.

El aluvión de inmigrantes ha redoblado la presión en la frontera pero también en ciudades regidas por demócratas del norte de EE.UU., como Nueva York o Chicago, por sus propios medios o enviadas por las autoridades republicanas de los estados fronterizos, como Texas.

Los servicios sociales de estas ciudades están sobrepasados. Esto, unido a la imposibilidad de deportar a su país a los venezolanos -México solo aceptó recibir cantidades muy pequeñas-, acabó por provocar una medida extraordinaria por parte de Biden: la regularización temporal de casi medio millón de venezolanos. Esta era una exigencia -no solo para los venezolanos, sino para los inmigrantes de todos los países- que clamaban autoridades como Eric Adams, el alcalde de Nueva York, una ciudad que ha recibido casi a 120.000 inmigrantes en el último año y que tiene una regulación por la que está obligada a dar techo y sustento a todo aquel que lo necesite. Adams está esta semana de gira por países hispanoamericanos para entender mejor el fenómeno de la inmigración en su origen y compartir la idea de que su ciudad está saturada y no puede admitir a más gente.

La regularización de venezolanos afecta solo a aquellos que hubieran entrado en EE.UU. hasta el 31 de julio y la Administración Biden insistió en que todos los que llegarán después de manera ilegal serían deportados si no cumplían las condiciones para el asilo.

Es evidente, a juzgar por el número récord de arrestos de venezolanos en septiembre, que esa regularización provocó un efecto llamada. Ahora el Gobierno de EE.UU. trata de compensarlo con un inicio de deportaciones cuyo precio -las cesiones a Maduro- todavía no se conocen.

Los vuelos de repatriaciones se han anunciado en medio de una visita del secretario de Estado, Antony Blinken, a México, donde se ha visto con el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. La intención del viaje es reforzar la cooperación en migración, algo que Biden necesita con urgencia en la antesala de la campaña para su reelección, y en cortar las vías de entrada de fentanilo, el opiáceo que arrasa con sobredosis a comunidades enteras de la primera potencia mundial.