La UE votará una resolución de urgencia sobre el caso de Ferrer y los DD.HH. en Cuba la próxima semana

Hasta el momento, el Parlamento Europeo no había abordado de manera oficial este asunto (al contrario que otras organizaciones como la OEA o la ONU), más allá de dos cartas - la última remitida esta semana -, enviadas por eurodiputados de distintos grupos -Renew Europe, ECR, PPE, e incluso del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo- pidiendo a la embajadora de Cuba en Bruselas, N orma Goicochea Estenoz , que ante la inexistencia de cargos -en ese momento- contra José Daniel Ferrer se le pusiera en libertad, se le facilitara un abogado, acceso a toda la documentación sobre su caso, además de asistencia médica y que pudiera verle su familia (no lo ha hecho desde el 7 de noviembre).

La hermana de Ferrer, Ana Belkis Ferrer , mostraba a Charanzová su agradecimiento tras conocer la noticia sobre la votación la próxima semana: «Muchas gracias por su solidaridad con mi hermano José Daniel Ferrer, es de vital importancia la posición firme de la Unión Europea hacia la dictadura castrista para poder salvar la valiosa y preciada vida de José Daniel a quien están asesinando vil y premeditadamente. Saludos cordiales», expresa en su cuenta de Twitter.

Dita Charanzová, en declaraciones a ABC, insiste también en ese punto al afirmar que «es importante que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre el caso de José Daniel Ferrer, y de forma más general sobre la situación preocupante de derechos humanos hoy en Cuba. Tenemos, como UE, que dejar claro que t omamos en serio los Acuerdos que firmamos y los compromisos asumidos por ambas partes.»

La vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada América, en una entrevista con este periódico, reconocía hace unos días que la situación de José Daniel Ferrer «es muy grave. No se puede detener a alguien sin que se conozcan las razones para privarle de su libertad. Y las informaciones que recibimos sobre sus condiciones en la cárcel son muy preocupantes». Además, subrayó, refiriéndose al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación suscrito entre la UE y Cuba en 2016, que «como todos los acuerdos que tiene la Unión Europea, tiene una cláusula democrática, es decir, una provisión para suspender un acuerdo en caso de violaciones de derechos humanos como último recurso. Creo –puntualiza– que debemos utilizar nuestro Acuerdo con Cuba, no solo como canal de diálogo, pero también si fuese necesario como instrumento de presión» .

Asimismo, recordada que «en el acuerdo UE-Cuba, Cuba se comprometió a “respetar y hacer valer plenamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y promover y proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas”». Lo que, en su opinión, no está cumpliendo el Gobierno de Díaz-Canel . «Lo que está sucediendo con Ferrer hasta el momento vulnera este compromiso del acuerdo», concluía.

La luz verde para que la resolución de urgencia fuera a la sesión plenaria de la semana próxima fue este miércoles, el mismo día que el régimen cubano hizo pública la acusación contra Ferrer a través de su órgano se propaganda, el Granma (aunque el documento oficial tiene fecha del 7 de octubre). En la versión digital del medio oficialista, se desacredita al expreso de conciencia y coordinador de la plataforma Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), al que se le acusa de haber secuestrado a un exmiembro de Unpacu y de haberle dado una paliza junto a otras tres personas. Se trataría de un delito común que el régimen habría construido con pruebas falsas (la propia esposa de la víctima confirmó hace semanas que la declaración de su marido era producto de las presiones del régimen, y que sus lesiones eran consecuencia de un accidente en motocicleta anterior). La ONG Prisoners Defenders ha elaborado un documento, recogiendo toda la información y pruebas que desmontan la falta acusación realizada por el régimen cubano. Un documento elaborado a petición del Comité de Desapariciones Forzosas de la ONU, que hace semanas también reclamó al Gobierno de Díaz-Canel la liberación del activista .