La Policía brasileña concluye que el grupo J&F pagó sobornos al presidente brasileño Temer

El documento, entregado a la Suprema Corte, y al exdiputado Rodrigo da Roucha Loures, exasesor del presidente, de forma «inmediata». Roucha Loures, muy cercano a Temer desde hace dos décadas, fue el intermediario de una polémica reunión que el gobernante tuvo en su residencia oficial con el empresario Joesley Batista, uno de los dueños del grupo JBS, quien grabó una comprometedora conversación entre ambos.

En audios entregados a la Justicia en el marco de un acuerdo de cooperación, Batista relata ante el silencio y hasta una supuesta complacencia de Temer una serie de maniobras que realizaba en tribunales y en el Gobierno para favorecer a JBS e impedir que avancen investigaciones sobre sus actividades. Además, en un vídeo filmado por la Policía hace dos meses, cuando ya vigilaba a Rocha Loures, se ve al diputado cuando sale corriendo de una pizzería de Sao Paulo con una maleta que le había entregado un emisario de Batista.

La maleta contenía 500.000 reales (unos 140.000 euros) que corresponderían a sobornos que pagaba el grupo JBS al entorno de Temer, según confesó Batista a los tribunales. El empresario agregó que conoció a Temer en 2010 y que desde entonces le paga millonarias comisiones por gestiones que, según la denuncia, hacía desde el poder para favorecer a JBS.

La Policía sólo entregó al Supremo un informe parcial de las investigaciones, ya que ha solicitado más tiempo para indagar si Temer incurrió en los delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita . En base a ese documento, el fiscal general, Rodrigo Janot, deberá decidir si denuncia o no al presidente brasileño, quien hoy inició un viaje en Rusia en busca de inversiones para la maltrecha economía del país.

En caso de que el fiscal presente una denuncia contra Temer, lo que podría ocurrir los próximos días o semanas, su aceptación o rechazo dependería de una votación en el pleno de la Cámara de los Diputados . Si fuese aprobada por al menos dos tercios de los diputados, la decisión sería entonces comunicada al Supremo, que tendría la última palabra sobre el caso.