Violencia en Nigeria: cuando los terroristas marcan las condiciones

Sin embargo, a pesar de que fuentes internas del Gobierno de Abuja confirman la disposición del propio Ejecutivo a enfundar las armas, el acuerdo no parece sencillo.

Por un lado, ante lo complicado de establecer una clara línea de comando en la facción islamista. Por ejemplo, el autor de la oferta, realizada en inglés (un idioma inusual de la guerrilla), se hacía llamar Abu Mohammed Ibn Abdulaziz, pese a que el seudónimo de batalla de todos los portavoces de Boko Haram es Abu Qaqa.

Segundo, ante lo desastroso de experiencias pasadas: A mediados de 2011, el presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, ya mostró su disposición a entablar negociaciones con los rebeldes islamistas. En aquel momento, el mandatario (que recordó el éxito de la amnistía general decretada, en 2009, contra los grupos rebeldes de la Delta del Níger para su incorporación a la sociedad civil) aseguró que «ningún Gobierno quiere asesinar a los ciudadanos de su propio país» , por lo que «la mejor opción siempre es negociar». Sin embargo, ambas partes nunca llegaron a sentarse en la mesa de negociaciones.

Y tercero, porque el exmandatario Muhammadu Buhari, designado por la milicia como uno de sus interlocutores gubernamentales, ya ha demostrado su negativa a «conversar con terroristas».

Desde su fundación hace apenas una década, Boko Haram -cuya traducción libre es «la educación occidental está prohibida» en dialecto hausa- se ha convertido en fiel reflejo del fallido experimento demográfico del país africano: más de 167 millones de personas repartidos casi a partes iguales entre cristianos, sur, y musulmanes, norte.

Solo en los primeros diez meses del año, y teniendo en cuenta las cifras oficiales, al menos 720 personas han fallecido en ataques protagonizados por Boko Haram. Un evidente salto cuantitativo si ponemos estas cifras en relación a 2011, donde la cruzada por la extensión de la sharia (ley islámica) de la guerrilla dejó cerca de 550 víctimas.

Aunque la guerra sucia, eso sí, sea táctica común de ambos bandos en conflicto.

La pasada semana, Amnistía Internacional acusaba al Ejército nigeriano de haber cometido «graves violaciones de derechos humanos » en su guerra contra la milicia.

En el informe -«Nigeria: Trapped in the cycle of violence»-, la organización condenaba la detención arbitraría sin cargos de «cientos de personas acusadas de vínculos con Boko Haram», así como «las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzosas» llevadas a cabo por las fuerzas armadas.

Solo unas horas después de su difusión, cerca de cuarenta jóvenes eran ejecutados en la localidad de Maiduguri , uno de los principales feudos del grupo rebelde, presuntamente, por miembros del Ejército nigeriano.