Un mundo menos seguro, y con la libertad más amenazada, desde el 11-S

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Como afirmó el propio presidente George W. Bush, EE.UU. sintió su vulnerabilidad el 11 de septiembre de 2001. Toda la clase política respaldó entonces la «Patriot Act», la nueva legislación antiterrorista que legitimó la intervención armada en Afganistán y dio pie a miles de causas judiciales (y en último término al dislate jurídico de la cárcel de Guantánamo). Estados Unidos creó el nuevo Departamento de Seguridad Interior (DHS en sus siglas en inglés), responsable de la protección frente al terrorismo y los desastres naturale; un ministerio federal que se ha convertido en el tercero más grande del país con sus 184.000 empleados.

Las asociaciones de derechos civiles han denunciado en muchas ocasiones el nivel de sospecha que se cierne sobre todos los ciudadanos de aspecto o de nombre árabe. En los años posteriores al 11-S se registró una reducción en el uso del transporte aéreo por miedo a los atentados. El nuevo sistema de control y vigilancia en los aeropuertos aplicado en EE.UU. se ha extendido por toda Europa.

La imagen del «bobby» bonachón y desarmado puede tener contados sus días. Desde los graves atentados islamistas en el transporte público de Londres de julio de 2005 las fuerzas de seguridad británicas han desarrollado nuevas unidades de élite antiterroristas, que este año se han entrenado para un eventual atentado en el centro de la capital. Cada vez son más las patrullas que circulan armadas por Londres, y se han reforzado las técnicas para la intervención de especialistas a la menor alarma. La crisis de los refugiados ha tenido también su impacto en los controles fronterizos, que irán a más tras los ataques yihadistas en suelo francés.

Londres considera a las unidades antiterroristas francesas entre las más preparadas del mundo, por lo que Scotland Yard —y el Gobierno británico— sacará consecuencias dolorosas de los ataques de París.

Antes de esos sucesos, el Reino Unido tenía ya vigente el estado de alerta antiterrorista. La Policía de elite ha recibido instrucciones para disparar a la cabeza, y no al pecho como en los protocolos hasta ahora vigentes.

El «Pacto de Seguridad» está por encima del «Pacto de Estabilidad». Con esta frase feliz, el presidente socialista francés, François Hollande, ha querido cincelar su propósito de no reparar en gastos para aumentar los niveles de seguridad interior en Francia frente al desafío del terrorismo yihadista. Una encuesta, deslizada quizá por el Elíseo, apunta a que dos de cada tres franceses estarían dispuestos a recortar sus libertades personales en favor de la seguridad.

Para empezar, el presidente francés ha anunciado la prolongación por tres meses del estado de emergencia decretado el pasado viernes por la noche, tras la sucesión de ataques terroristas en París. Ese marco permite a la policía llevar a cabo registros y detenciones sin mandato judicial.

Hollande quiere reformar la Constitución de la V república —vigente desde 1958— para dotar al país de más flexibilidad a la hora de decretar el estado de emergencia. El presidente se propone también otorgar más capacidad de acción a la policía francesa, eliminando entre otras las trabas a la utilización de armas de fuego.

El principio de privilegiar la seguridad frente a las cuentas públicas permitirá la contratación de 5.000 nuevos policías y 2.500 nuevos funcionarios de prisiones.

Canadá, una isla occidental en materia de libertades y derechos civiles desde los ataques del 11-S, ha vivido recientemente su proceso de incorporación al nuevo sistema de recortes tras los atentados islamistas en pequeña escala en Ottawa en 2014. En junio de este año el Gobierno conservador logró la aprobación de la nueva ley antiterrorista, con el apoyo —matizado— del líder liberal y hoy nuevo primer ministro del país, Justin Trudeau. La ley permite enviar a un sospechoso a prisión simplemente por alentar la comisión de un acto de terrorismo, y dota a la policía de poderes para llevar a cabo detenciones preventivas sin orden judicial, En su campaña electoral, Trudeau prometió llevar a cabo «reformas» en la ley para hacerla más compatible con el régimen de libertades cívicas, pero los analistas creen que no tocará lo esencial.

Australia y Nueva Zelanda, que se encuentran también en la diana del yihadismo mundial, han aprobado igualmente leyes antiterroristas que otorgan a sus agencias de inteligencia facultades sin precedentes para vigilar la actividad en internet de sus ciudadanos.

La toma de rehenes en un café de Sidney en diciembre del año pasado —con el saldo de dos rehenes muertos más el agresor— reveló el alcance global de la amenaza yihadista. El terrorista exigió, durante el secuestro, hablar con el primer ministro australiano y una bandera de Estado Islámico.

Desde el pasado mes de junio, después de los atentados en Francia contra «Charlie Hebdo» y los ataques en Túnez y Kuwait, España mantiene su nivel de alerta más alto desde el 11-M, el nivel 4, pero ha optado por no elevarlo al máximo (el nivel 5) tras los ataques en París.

La concentración de recursos para la lucha contra el terrorismo islamista se ha visto facilitada por la paz en el País Vasco. Desde la tregua de 2012, el 80 por ciento de los efectivos de la Policía nacional y de la Guardia Civil dedicados a la lucha contra ETA han sido derivados a la prevención y lucha contra el yihadismo. Este año se creó, además, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que investiga los vínculos cada vez mayores entre el yihadismo y las mafias de delincuentes comunes.

El nivel de alerta 4 supone una mayor presencia de patrullas policiales, aunque «se evita que sean muy visibles», según fuentes de Interior. La vigilancia se concentra en las infraestructuras «críticas», como las centrales nucleares, las estaciones y los aeropuertos.

El plan de prevención antiterrorista contiene medidas para contrarrestar la radicalización en las comunidades donde se concentra la población musulmana.