México resuelve su «guerra del agua» con EE.UU. por otros cinco años

El crecimiento de la población y de la actividad agrícola e industrial en el norte de México, que supone un mayor consumo de agua, así como el cambio climático, con sus aumentos de temperaturas y más sequías, han acentuado un problema que no hará más que agravarse en el futuro. El intercambio de los volúmenes de agua que ambos países deben realizarse está regido por periodos de vencimiento de cinco años , por lo que un nuevo momento crítico no tiene por qué suceder hasta octubre de 2025. Si para entonces no comienza a abordarse ya una revisión del tratado –se habla de una renegociación, siempre muy difícil de consensuar, en 2026– la tensión por falta de agua aumentará.

Cuando en 1944 México y EE.UU. cerraron el acuerdo para el reparto de los caudales de los ríos Colorado, Bravo y Tijuana, la realidad del norte mexicano era muy distinta a la actual. Aunque desde entonces en el lado estadounidense de la frontera también ha aumentado el desarrollo, el salto en el uso del agua ha sido proporcionalmente mayor al sur de la frontera. La entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte aceleró la integración económica entre las dos vertientes, con la atracción de mano de obra para las maquiladoras de capital estadounidense instaladas en suelo mexicano. Asimismo, los cultivos tradicionales de frijoles, trigo y maíz, que entonces cayeron de precio, dieron paso a los de nogales y alfalfa, de mayores beneficios pero también con más necesidad de riego.

El tratado de 1944 establece que EE.UU. entregue anualmente a México 1.850 millones de metros cúbicos de agua del Colorado y que México dé a su vecino uno tercio del caudal del Bravo, nunca por debajo de 432 millones de metros cúbicos anuales. Aparte de que las entregas pueden acumularse y satisfacerse al final de un periodo de cinco años, acuciado por su mayor necesidad de agua México fue arrastrando una deuda en los vencimientos de 2010 y 2015. A un mes del vencimiento de 2020, los agricultores del estado mexicano de Chihuahua tomaron la presa de Boquilla, en el río Conchos, el principal afluente del Bravo, para impedir que se siguiera vertiendo agua destinada al pago a EE.UU. La presa estaba custodiada por fuerzas federales desde el mes de febrero. La exigencia de ese pago por parte estadounidense forzó al presidente López Obrador a enviar refuerzos de la Guardia Nacional. Al cabo de un mes, tras enfrentamientos en los que se produjeron dos muertos, los agricultores fueron desalojados y a tres días del vencimiento del plazo pudo transferirse el caudal que faltaba. México obtuvo la promesa de EE.UU. de que, si en los próximos meses falta agua para consumo humano en el norte mexicano, la urgencia se resolverá desde el otro lado de la frontera.

López Obrador afrontó la emergencia como un conflicto político doméstico, acusando a los agricultores de seguir las consignas del PAN, partido de derecha que gobierna el estado de Chihuahua. Asimismo, presentó a los manifestantes como ricos hacendados que no buscan más que enriquecerse. El presidente no tomó el problema como propio aparentemente por considerar que los afectados no formaban parte de su propia base electoral.

No obstante, el conflicto del agua está llamado a ser un punto de fricción interna y también de confrontación con EE.UU., acerca de las aguas de unos ríos que en su día fueron exclusivamente de México, antes de que este perdiera esos territorios tras la guerra que su vecino le declaró a mediados del siglo XIX.

Como ha señalado el New York Times, el episodio vivido es un «fuerte ejemplo de hasta dónde está dispuesta a llegar la gente para defender su subsistencia, amenazada por el cambio climático, y del tipo de conflicto que puede ser más común con un clima cada vez más extremo».