La fiscal Ortega denuncia un juicio-farsa para destituirla

Durante una comparecencia ante la prensa en la Fiscalía, Ortega afirmó que no iba a «convalidar un circo» que va a teñir la historia de Venezuela de «vergüenza y dolor». Calificó el acto judicial de «golpe de Estado más grotesco» que el que dio el empresario Pedro Carmona contra Hugo Chávez en 2002. Y dio por hecho que será apartada de sus funciones, al igual que el vicefiscal Rafael González. «La decisión está cantada» , adelantó Ortega. El Alto Tribunal anunció que hará público el veredicto en un plazo de cinco días.

La fiscal general había solicitado la recusación de 17 magistrados del Supremo, que no solo no fue admitida por su directiva, sino que esta pasó a enjuiciarla. El antejuicio fue solicitado por el diputado chavista Pedro Carreño , quien alegó que la fiscal había mentido por haber supuestamente firmado las actas de aprobación de los 13 magistrados y 20 suplentes que la directiva de la Asamblea Nacional saliente designó de forma apresurada a finales de 2015, antes de ser relevada por la mayoría opositora tras las legislativas. Carreño también dejó caer que se debería destituir a la fiscal por «desequilibrio mental» . Ortega alega que ella no ha autorizado la designación de los «magistrados apresurados» y mostró las actas sin su firma. Dijo que para enterarse de qué la acusa el Tribunal Supremo le entregó el expediente de 110 folios 13 días después de la citación de la audiencia, es decir, el 29 de junio.

El oficialismo instaló una tarima junto a la sede de la Fiscalía con simpatizantes chavistas para impedir el paso a manifestantes en apoyo de Luisa Ortega o para intervenir la institución en caso de que esta fuese destituida por el Tribunal Supremo como solicitó Carreño.

Antes de la audiencia para determinar si había méritos para enjuiciar a la fiscal, el Alto Tribunal declaró nula la designación de la Asamblea Nacional, que el lunes ratificó al abogado Rafael González como vicefiscal, y en su lugar tomó juramento a Katherine Nayarith Harrington. Ortega rechazó el nombramiento de Harrington por considerar que el único válido es el que hizo el Parlamento a favor de Rafael González, «el único que reconozco» .

Ortega también comentó que la Corte le había congelado sus bienes y cuentas, además de prohibirle la salida de Venezuela . En alusión a la solicitud del diputado Carreño del antejuicio de mérito y las medidas cuatelares señaló que «no es de su competencia» porque no es contra mí sino contra la Fiscalía General del Ministerio Público.

Al no presentarse en la audiencia, la fiscal general fue representada por un «defensor público». Los acusadores pidieron al Supremo que someta a Luisa Ortega a un «detector de mentiras» que determine la veracidad de sus afirmaciones.

Ortega sostuvo que la Fiscalía es la última institución de Venezuela que queda para la defensa de los derechos humanos y la democracia, amenazadas por el Supremo, un tribunal por el que siente «vergüenza». La funcionaria chavista disidente considera que en Venezuela peligran la democracia y las libertades: «Seguiré luchando hasta que se recupere el hilo constitucional» , dijo. Y advirtió de que «están en peligro» las vidas de los participantes en las protestas por la fuerte represión de los cuerpos de seguridad.

Ortega se aleja cada vez más del régimen de Nicolás Maduro . Da por seguro que el oficialismo la destituirá, pero avisó de que no entregará su cargo sin haber luchado hasta el final.