Filipinas olvida el «No matarás»

Aunque el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo abolió en 2006 la pena capital, en buena parte por la presión de España para que no fuera ejecutado el preso hispano-filipino Paco Larrañaga, la Policía la aplica en la práctica sin pasar siquiera por los tribunales. Una salvajada ante la que la sociedad filipina no solo no protesta, sino que apoya con la esperanza de que sirva para combatir la criminalidad que sufre el país, la más alta de Asia.

«No es solo una cuestión de vida, sino una burla al imperio de la ley», critica el padre Flavie Villanueva, quien ayuda a los drogadictos en el Centro Arnold Jansen Kalinga Als de Manila. Cada día, por aquí pasan decenas de toxicómanos y mendigos para comer y asearse antes de volver a la calle, donde a muchos les espera una muerte segura por la cruenta campaña contra las drogas.

En los dos últimos meses, el padre Villanueva ha perdido a tres de sus feligreses, abatidos por la Policía o asesinados por «escuadrones de la muerte». «A Roberto Manaligán, que se había inscrito en el registro de drogadictos para desintoxicarse y lo único que podía “meterse” ocasionalmente era disolvente, lo secuestraron el 19 de julio y su cuerpo fue hallado el 1 de agosto, torturado», cuenta el sacerdote tras darle la bendición al cadáver.

Días antes, a Fátima «Mayumi» Milagros, de 39 años, le pegaron tres tiros en la cabeza. «Vendía basura para el reciclaje, pero ese día solo se había sacado para darle a sus seis hijos y su marido unas patas de gallina», detalla el padre Villanueva, quien la define como «consumidora esporádica» y cree que su muerte fue «por un error de identificación o para cumplir la cuota». Por último, a un chico llamado Alex, que conducía un motocarro y no tomaba drogas, «la Policía le pegó seis tiros».

Con más de 50 muertes similares en los dos últimos años, el sacerdote asegura que «hasta ahora no se había llegado a este nivel de horror sistemático y de competencia para cobrar las recompensas» que ofrece el Gobierno, que oscilan entre 5.000 y 25.000 pesos (entre 80 y 400 euros) dependiendo de la importancia del objetivo.

«¿Cómo puede ocurrir algo así y estar callado, sobre todo siendo católico?», se pregunta enojado. «Duterte ha sido muy listo creando un clima de miedo con las drogas. Además, se está adoctrinando a la gente propugnando que es por el bien del país. Pero lo cierto es que se está matando a muchas personas sin interrogarlas ni juzgarlas. Es una tragedia que una sociedad católica haya perdido su sensibilidad hasta el punto de no importarle estos crímenes», analiza con lucidez.

Adicto él mismo desde los quince años y ya rehabilitado, el padre Villanueva se ha erigido en una de las voces más críticas con Duterte, ya que conoce de primera mano los problemas que sufren los toxicómanos. Por si no tuvieran bastante con su enfermedad, ahora están amenazados de muerte.

Para ayudar a las familias de las víctimas de la «guerra sucia» contra la droga, el padre Villanueva organiza unos cursos de teatro en los que se plasman sus traumas y le dan visibilidad. Pero el sacerdote no es el único que intenta remover las conciencias en la adormecida sociedad filipina, a la que no le importa en absoluto la desaparición de unos cuantos camellos y yonquis.

La senadora Risa Hontiveros lidera una propuesta para instaurar el 16 de agosto como día nacional para las víctimas inocentes que ha dejado la guerra contra la droga de Duterte. «No permitiremos que nuestros compatriotas caigan en una profunda amnesia», clamaba la semana pasada la senadora en un homenaje a Kian de los Santos, abatido con solo 17 años por la Policía. Su muerte desató el año pasado un gran escándalo al descubrirse gracias a unas cámaras de seguridad que los agentes no le habían disparado en defensa propia, como sostenían. Mientras Kian les suplicaba por su vida diciéndoles que tenía un examen al día siguiente, se lo llevaron indefenso a un callejón, donde le pegaron un tiro. Para honrar su memoria, se colocó una placa en la catedral de Caloocan, donde el obispo emérito, Deograzias Yniguez, lanzó un duro ataque contra Duterte.

A pesar de la enorme influencia de la Iglesia católica en Filipinas, la mayoría de la sociedad sigue apoyando la «guerra sucia» contra la droga. Hasta las madres de algunas víctimas, como Rosita Opiasa, siguen perteneciendo a grupos leales a Duterte, como la Unión de Guardianes de Makabangsan, pese a que su hijo, Jason Ribera, fue asesinado el año pasado por unos pistoleros. Y es que Filipinas tiene una memoria tan frágil que incluso ha olvidado el No matarás.