Ecuador recobra la calma tras la derogación del polémico decreto

«Como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el 883, para lo cual se instala una comisión que elaborará uno nuevo», indicó Peral. Se refería al decreto mediante el cual se eliminaba el subsidio a los combustibles, que le suponen al erario nacional un gasto de 1.400 millones de dólares anuales.

En apenas cuatro horas de negociación había llegado a su fin el conflicto que mantuvo al país en vilo durante 12 días, con enfrentamientos, saqueos, violencia extrema y el saldo trágico de siete muertos, según la Defensoría del Pueblo, así como centenas de heridos, detenidos y pérdidas económicas que superarían los 3.000 millones de dólares, según apuntó a ABC Jaime Carrea, reputado analista económico.

El anuncio del acuerdo entre las partes en conflicto provocó reacciones contrapuestas en Ecuador: los indígenas festejaron con cánticos y consignas; los representantes de las Cámaras de la Producción y analistas lamentaron los efectos que tendrá en la economía.

«Esto no es un acuerdo, es un chantaje», escribió en Twitter el presidente del Comité Empresarial del Ecuador, Patricio Alarcón. Dijo también que «Ecuador paga un alto costo por la paz». Mientras, el analista económico Alberto Acosta Burneo señaló que «el desequilibrio fiscal es una bomba de tiempo activada» y que si no hacemos algo rápido lo vamos a lamentar. Con él coincide Jaime Carrera, quien ayer deploraba que en el acuerdo entre las partes se haya impuesto la sinrazón, al haber echado abajo todo el andamiaje económico de racionalidad. «La carga será para el próximo Gobierno», sentenció.

Desde el lado político, los analistas parecen más «indulgentes»; consideran que el Gobierno cedió ante las demandas de la Conaie apostando a la institucionalidad, ante el riesgo de la desestabilización propiciada por el correísmo y fuerzas extranjeras que se han evidenciado en los actos vandálicos y en la demostración de fuerza de grupos que actuaron como guerrilla urbana por las ciudades, algo nunca visto en Ecuador.

La quema del edificio de la Contraloría (Tribunal de Cuentas), la destrucción de una estación del Metro de Quito y el ataque a Teleamazonas probarían que una conspiración estaba en marcha. Por eso todos coinciden en que con el acuerdo se apostó por la paz.

De hecho, el presidente Moreno escribió en su Twitter: «Se recobra la paz y se detiene el golpe correísta y la impunidad», en alusión a las denuncias de que detrás de los saqueos y los actos vandálicos en varios puntos del país, y en especial en Quito, estaría la mano del expresidente Rafael Correa y de Nicolás Maduro .

En este contexto se entenderían las palabras del secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, quien dijo que «es momento de deponer acciones; de ceder para ganar». De lo que nada se ha dicho es de cómo quedará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , que implicaba un ajuste fiscal y del que se espera recibir créditos por 4.200 millones de dólares.

Mientras ayer lunes se seguía elaborando el decreto ejecutivo que reemplazará al 882 de la discordia, el país se enteraba de la detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón , a la que el Gobierno vincula a las movilizaciones violentas, así como del allanamiento al domicilio del excongresista Virgilio Hernández.

Ellos, así como la legisladora Gabriela Rivadeneira , que pidió refugio en la Embajada de México, son cercanos a Rafael Correa y estarían involucrados en lo que Moreno considera una conspiración en su contra.