La ONU denuncia el «exterminio» de civiles en Siria y reclama sanciones

El grupo de expertos encabezado por Paulo Pinheiro ha analizado hechos ocurridos entre el 10 de marzo de 2011 y el 30 de noviembre de 2015, prácticamente la totalidad del conflicto. Para elaborar su informe, que analiza la situación de las personas detenidas por los distintos bandos, han hablado con 621 supervivientes y testigos , así como recogido pruebas.

La Comisión de Investigación para Siria ha establecido que «durante los últimos cuatro años y medio, miles de detenidos han muerto cuando estaban bajo custodia de las partes en conflicto», tanto de grupos yihadistas como Estado Islámico y el Frente al Nusra como del régimen sirio.

«Los asesinatos y muertes descritos en este informe tuvieron lugar con mucha frecuencia, durante un largo periodo de tiempo y en distintas localizaciones, con un apoyo logístico significativo que implica vastos recursos del Estado», reza el informe, que equipara estas tácticas con un «exterminio» y, por extensión, con un «crimen contra la Humanidad».

Los expertos han detectado «ataques sistemáticos y extendidos contra la población civil», principal perjudicada de un conflicto que ya se ha cobrado la vida de más de 250.000 personas desde su inicio, hace casi cinco años.

Los investigadores han asegurado que decenas de miles de detenidos se encuentran retenidos por las fuerzas leales al régimen y miles más habrían «desaparecido» tras casos de reclusión o secuestro atribuibles a distintos bandos.

En el caso de las fuerzas del régimen, los expertos de la ONU se han mostrado especialmente preocupados por las tácticas de abusos sobre los civiles, que han sufrido hasta niveles límite la falta de alimentación y de asistencia médica.

Asimismo, han cuestionado los «juicios ilegales» que llevan a cabo los tribunales instaurados por el Frente al Nusra, basados en una estricta visión de la 'sharia' o ley islámica y con potestad para dictar condenas a muerte tanto de soldados del régimen como de civiles.

La comisión ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas y adopte «sanciones» contra autoridades —tanto civiles como militares— que son responsables directos o cómplices de muertes, torturas y desapariciones. Habría, asimismo, «responsabilidades penales individuales» susceptibles de ser analizadas por el Tribunal Penal Internacional (TPI).

El informe, sin embargo, no ha dado nombres de quiénes deberían ser sancionados o procesados por los crímenes cometidos durante estos años. La Comisión ha apuntado que existen indicios que señalarían a «autoridades de alto nivel».

Los expertos han subrayado que la rendición de cuentas «debe formar parte de cualquier solución política» del conflicto, en el que la ONU ha tratado de mediar sin éxito.