El Constitucional sudafricano acusa al presidente Zuma de malversación de fondos públicos

"El presidente no cumplió, defendió ni respetó la Constitución", subraya el veredicto dictado unánimemente por los once jueces de la Corte, que ensalza el carácter "vinculante" de las recomendaciones del Defensor del Pueblo y reivindica la importancia de la separación de poderes.

Según el dictamen del Constitucional, la Tesorería Nacional debe fijar en un plazo de 60 días la cantidad exacta a retornar y, una vez que el cálculo haya sido refrendado por la propia Corte, Zuma dispondrá de 45 días para cumplir con el pago . Las reacciones a la esperada sentencia no se han hecho esperar. El principal partido de la oposición, la Alianza Democrática (AD), ha anunciado una moción de censura para cesar a un presidente que, a juicio de su líder, Mmusi Maimane, "debe marcharse" después del revés de los tribunales. En la misma línea se ha pronunciado Julius Malema, jefe del también opositor Luchadores por la Libertad Económica (LEE), que impulsó este proceso judicial junto a AD.

"Los máximos dirigentes del Congreso Nacional Africano (CNA) se reunirán hoy para hablar de las consecuencias del veredicto", afirmó Gwede Mantashe, secretario general del partido gobernante, en el que crecen cada día las voces críticas con el presidente.

El "caso Nkandla", llamado así por el pueblo del este del país donde nació el presidente y donde tiene la residencia que reformó con fondos públicos, es el mayor escándalo del polémico mandato de Zuma, que llegó al poder en 2009 después de que la Fiscalía retirara los 700 cargos por corrupción que pesaban contra él. En marzo de 2014, la Defensora del Pueblo, Thuli Madonsela, estableció en un informe que el dinero público gastado en su complejo privado no se había empleado en reforzar las estructuras de seguridad, tal y como alegó la Presidencia.