Carrera contrarreloj de la comunidad internacional para frenar la crisis de Burundi

Los enfrentamientos se han visto recrudecidos especialmente desde noviembre, después de que Révérien Ndikuriyo , presidente del Senado burundés, exigiera a los jefes de distrito identificar «casa por casa» a aquellos «elementos que no estuvieran en orden». Como denuncian organizaciones humanitarias, el lenguaje es «escalofriantemente similar» al utilizado en Ruanda en la década de los 90 antes del genocidio.

De forma paralela al encuentro entre Ki-moon y Nkurunziza, el enviado especial de Estados Unidos para la Región africana de los Grandes Lagos, Thomas Perriello, ha reconocido que los próximos diez días serán cruciales para que el Gobierno de Burundi muestre resultados concretos a los observadores de la Unión Africana (UA). Más aún, después de que el Gobierno de Buyumbura se negara al despliegue de tropas de paz en su territorio.

A mediados de diciembre, la UA había autorizado una operativo de 5.000 soldados en territorio burundés, ante el recrudecimiento de la crisis política en la región de los Grandes Lagos. Entonces,el Consejo de Paz y Seguridad de la UA justificaba el contingente armado en la necesidad de proteger a los civiles y ayudar a crear condiciones para la recuperación del diálogo entre los actores en conflicto. No obstante, de forma inmediata, el presidente burundés rechazó esta medida y denunció una injerencia en los asuntos de su país .

Y el conflicto amenaza con extenderse. A comienzos de mes, un informe confidencial de las Naciones Unidas acusaba a Ruanda de reclutar y entrenar a los rebeldes que combaten al Gobierno de Buyumbura.

El actual conflicto se remonta a abril, tras la decisión del presidente Nkurunziza de presentarse a un nuevo mandato, a pesar de haber cumplido ya dos los periodos de cinco años que marcaba la Constitución. Un golpe en la mesa que amenaza la estabilidad regional después de doce años de guerra civil. Desde entonces 210.000 personas han abandonado el país (en un Estado de poco más de 10 millones de habitantes).

«El país parece estar al borde de una violencia que podría derivar en crímenes atroces» , advertía recientemente el asesor especial de la ONU para la prevención del genocidio, Adama Dieng, quien pide actuar «antes de que sea demasiado tarde».

En este sentido, la llamada de atención sobre la presunta explotación del conflicto por parte de las fuerzas del FDLR (una milicia hutu -la misma etnia del presidente Nkurunziza- formada, en gran parte, por ex miembros de la guerrilla «Interahamwe«, quienes llevaron a cabo el genocidio de Ruanda en 1994 y se refugian ahora en el este del Congo) supone una evidente escalada dialéctica de la crisis. Más aún, en un país en claro desajuste (85% de la población hutu, como el mandatario, 15% Tutsi) .

En diciembre, el presidente de Ruanda, Paul Kagame , rechazó la «acusación infantil» de que su país había avivado la inestabilidad en Burundi y aseguró que sus tropas no participarían en una posible intervención.