El cambio en Nicaragua dependerá de un «momento Guaidó» en 2021

Las Fuerzas Armadas de Nicaragua pudieron sustraerse de la represión de 2018 –encargada por los Ortega a la Policía y al hampa del sandinismo, conscientes de que el Ejército no habría aceptado el papel represor, como sí ha ocurrido en Venezuela–, pero a los militares les ha faltado el instrumento institucional que venciera resistencias internas para parar la deriva autoritaria nicaragüense.

Dado que aceptaron como legítimo el ilícito resultado electoral de 2016, cuando Ortega limitó las condiciones en que la oposición podía presentarse, las Fuerzas Armadas se resisten a recortar el mandato que entonces fue otorgado al presidente. Ahora les queda la posibilidad bien de forzar a la familia presidencial a que acepte unas elecciones completamente libres en 2021 o bien, en cualquier caso, de desconocer la victoria orteguista que entonces pueda proclamarse utilizando nuevamente el fraude.

Si la oposición venezolana se tomó 2018 como un año de espera hasta que llegara el 10 de enero de 2019 para poder aplicar la única palanca institucional que le quedaba (el fin del mandato de Maduro, el cual activó la asunción de las funciones presidenciales por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó), en Nicaragua habrá que esperar dos años hasta el fin del actual mandato de Ortega.

En el comunicado emitido por la OEA tras los contactos mantenidos en Managua la semana pasada se pone ya toda la atención en la preparación de las elecciones de 2021. También la Conferencia Episcopal nicaragüense ha indicado cierta disposición a reabrir el diálogo, con la vista puesta en lograr garantías para esos comicios.

En la crisis de Nicaragua, en la que el Gobierno se h mostrado especialmente sanguinario (325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; las ONG locales hablan de más de 500), sorprende el paso al margen dado por las Fuerzas Armadas. La oposición ha criticado su silencio durante los meses de 2018 en los que las masivas manifestaciones fueron reprimidas con brutalidad por la Policía y por los grupos paramilitares sandinistas, con frecuencia coordinados (la propias autoridades reconocen haber utilizado «policías voluntarios»).

La cuestión es que Ortega no ha conseguido controlar completamente las Fuerzas Armadas. A diferencia de Venezuela, donde los mandos militares, comprados con ascensos y prebendas (negocios ilícitos en numerosos casos) y controlados por la creciente contrainteligencia cubana, aceptaron transformarse en Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en Nicaragua los distintos escalafones se han mantenido más respetuosos con la Constitución.

Aunque como fuerza es heredera de los cuadros del Ejército sandinista, la cúpula militar nicaragüense es más plural, lo que explica que cuando estalló la crisis hace un año emitiera varios comunicados expresando su compromiso a no reprimir a los manifestantes que salían a las calles. El jefe del Ejército, el general Julio César Avilés, es próximo a Ortega, quien le prorrogó en su cargo hasta 2020 cuando en realidad en 2015 debía abandonar el puesto, pero el sandinismo está teniendo problemas en su política de nombramientos (hay descontento interno por el estancamiento de los ascensos).

En cambio, la penetración sandinista en la Policía Nacional ha tenido mayor éxito, con la asunción en ocasiones de los propios símbolos del sandinismo y la elevación a comisionado general el año pasado de Francisco Díaz, consuegro de Ortega y sancionado por Estados Unidos debido a sus acciones represivas y corruptas.

Como sucede hoy en Venezuela, en Nicaragua la clave en 2021 estará en el empujón final que deban dar las Fuerzas Armadas . Ortega tiene dos años para aumentar su control sobre los militares, pero si en doce años no ha logrado un dominio absoluto parece difícil que vaya a conseguirlo en el tiempo que queda.

Si bien los militares nicaragüenses también cuentan con intereses económicos favorecidos por el Gobierno, a través de las inversiones del Instituto de Previsión Social Militar, lo cierto es que los beneficios que obtienen no están tan ligados a la arbitrariedad gubernamental como a la buena marcha de la economía. Durante mucho tiempo Ortega pareció ser garantía de la estabilidad en el desempeño empresarial, pero hoy sucede lo contrario, tras haber cerrado 2018 con la mayor caída económica después de Venezuela.

Por otra parte, un presunto cambio en Venezuela a resultas del «efecto Guaidó» y la presión internacional pondría el «cambio de régimen» en Nicaragua en el siguiente lugar de la lista como objetivo al menos regional.