Bruselas redobla el pulso con Polonia y le complica el cobro de los fondos

La Comisión ha subrayado el hecho de que en su sentencia de julio, el Tribunal Constitucional polaco negó expresamente el carácter vinculante de las medidas provisionales dictadas por el Tribunal Europeo de Justicia que, a su vez, había declarado que la reforma judicial impuesta por el Gobierno de Varsovia no respeta los principios elementales sobre el Estado de derecho y por tanto no tienen cabida en un miembro de la Unión Europea . Después de esto, la Comisión se ha atrevido a decir que tiene «serias dudas sobre la independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional Polaco», que es una apreciación inédita en el caso de un país miembro.

El procedimiento de esta posible sanción está apenas en su inicio y en realidad se trata de un escalón más en este pulso entre el Gobierno nacional populista del Partido Ley y Justicia (PiS) y las autoridades comunitarias. Puesto que los polacos no ceden en su insistencia por purgar el sistema judicial, la Comisión mantiene bloqueado en sus meandros burocráticos la aprobación del plan de reconstrucción polaco, lo que a su vez impide que reciban los fondos europeos que ya tienen asignados. Los nacionalistas polacos insisten con gestos como los de ignorar la existencia de la agencia Frontex en el caso de la crisis de la frontera con Bielorrusia para pedir la asistencia del Gobierno británico, que es una señal que ha sido muy mal recibida en Bruselas.

El Ejecutivo comunitario insiste en su comunicado en que el Estado de derecho «es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, esencial para el funcionamiento de la UE en su conjunto, por ejemplo, en lo que respecta al mercado interior, la cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, y para garantizar que los jueces nacionales puedan cumplir con sus obligaciones. en la aplicación de la legislación de la UE y puede interactuar adecuadamente con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La Comisión Europea, junto con otras instituciones y los Estados miembros, es responsable, en virtud de los Tratados, de garantizar el Estado de derecho como valor fundamental de la Unión y de velar por el respeto de la legislación, los valores y los principios de la UE».

Este no es el primer procedimiento contra Polonia en este mismo asunto. En diciembre de 2017, la Comisión puso en marcha el primero. En abril de 2019, la Comisión inició un segundo procedimiento de infracción alegando que el nuevo régimen disciplinario de los jueces socava la independencia judicial y en julio de 2021, el Tribunal de Justicia ya dictaminó que esa cámara especial que puede sancionar a los jueces es incompatible con la legislación europea.

De hecho, todas las reclamaciones de la Comisión contra Polonia han sido admitidas a trámite por los jueces de Luxemburgo, lo que abre la puerta a posibles sanciones económicas directas. Sin embargo, los intentos de Polonia por anular las decisiones de la Comisión no han sido aceptados.