Alejandro Toledo dice que no es un fugitivo y pide la presunción inocencia en el caso Odebrecht

La Justicia peruana consideró el jueves que existen indicios suficientes para pensar que Toledo favoreció a Obebrecht en sus negocios en Perú y decretó su ingreso en prisión por 18 meses de manera preliminar, mientras la Fiscalía le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

En su primera manifestación pública desde que se emitiera la resolución judicial, Toledo señaló en su comunicado que el juez Richard Concepción, titular del primer juzgado de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional, lo acusó de delitos que no ha cometido y que el magistrado no puede probar. El exmandatario peruano calificó las acusaciones en su contra como «una cacería de brujas» y aseguró que llamarlo «fugitivo» es un distorsión maquiavélica y política.

Toledo se encuentra supuestamente en Estados Unidos, donde reside habitualmente, pero el Gobierno peruano teme que pueda viajar a Israel, país que hoy anunció que no le permitirá la entrada hasta que no resuelva sus asuntos en Perú, pues no hay tratado de extradición entre ambos países.

La Justicia estadounidense todavía no ordenó la captura de Toledo en su territorio porque está a la espera de que la Fiscalía de Perú le amplíe la información presentada, según dijo hoy el ministro del Interior, Carlos Basombrío. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski , solicitó hoy su homólogo estadounidense Donald Trump , que evalúe la p osibilidad de deportar a Toledo a Perú dentro de las facultades legislativas que le ley de migración da al Departamento de Estado.

Según la Fiscalía, el exmandatario cobró los sobornos a cambio de adjudicar a Odebrecht la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano, desde la costa del Pacífico hasta la frontera con Brasil.

Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, empresa que admitió a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, período que comprende los Gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).