Acusan a diputados opositores de utilizar el Parlamento para hacer favores a empresarios ligados a Maduro

El principal beneficiado por estos «favores» de los parlamentarios opositores es el empresario colombiano Álex Saab , quien no solo es el supuesto testaferro mayor del régimen sino que encabeza la red corrupta y fue sancionado por el Gobierno de Donald Trump. Además de Saab, Carlos Lizcano y Álvaro Pulido estuvieron también entre las peticiones de los opositores para quedar absueltos o, al menos, fuera de las investigaciones internacionales. Lizcano controla Salva Foods, la empresa que maneja también Tiendas Clap, y por si fuera poco, es directivo de Mezedes Holding Ltd, registrada en Emiratos Árabes e igualmente involucrada en la red CLAP.

El trabajo periodístico sacó a la luz los nombres de los diputados Luis Parra Rivero, Conrado Pérez Linares y José Brito, del partido Primero Justicia; Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular; Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos de Un Nuevo Tiempo, y Adolfo Superlano, exintegrante de Cambiemos. A esto, el presidente de la Asamblea Nacional, y también presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó , llegó a la conclusión de que se trata de «un plan de la dictadura con el que se pretende lavarle la cara a unos corruptos».

«Para nosotros es fundamental la investigación (...) la dictadura lo va intentar todo», agregó Guaidó en una rueda de prensa la tarde del domingo en Caracas, y adelantó que la Asamblea Nacional iniciará un proceso para que a los diputados colaboradores con el régimen se les allane su inmunidad parlamentaria y puedan ser removidos de su cargo. En ese sentido, dijo más tarde en su cuenta de Twitter que tomará al menos ocho medidas, y entre ellas anunció la nulidad de «todos los documentos presentados por la investigación, o expedidos por la Asamblea Nacional o sus diputados que exoneren a las empresas o ciudadanos vinculados con la corrupción».

El 6 de noviembre, el diputado en el exilio José Guerra, prendió una alarma desde su cuenta personal de Twitter en el que decía que se estaba ejecutando la «Operación Maletín Verde» con el que se pretendía comprar la ética de varios de sus colegas. Por otra parte, el portal venezolano dijo que los documentos con «indulgencias» a los responsables del esquema de corrupción se venían realizando desde principios de 2018. Y varios de ellos forman parte de la Comisión de Contraloría del Parlamento, lo que hizo que el presidente de esa instancia opositora, Freddy Superlano, se separara de su cargo el pasado 30 de noviembre y solicitara a varios legisladores hacer lo mismo.

Superlano pidió a Guaidó investigar las acusaciones contra la Comisión de Contraloría para que se determine si ha incurrido en ilegalidades. «Espero que en caso de que se determine que existan elementos suficientes, se expresen públicamente y los señalados asuman su responsabilidad», expresó en la carta, al tiempo que dijo ser el más interesado en que se realice la investigación, puesto que su nombre también aparece estampado en algunos documentos. Las cartas de buena conducta decían que eran aprobadas por el cuerpo legislativo que conforma la comisión con fecha del 18 de septiembre de 2019, y en nombre del propio Guaidó. Sin embargo, el portal venezolano no encontró en los registros del Parlamento ninguna sesión realizada esa fecha.