Amnistía denuncia que Marruecos sigue usando la tortura para «silenciar» a la disidencia

Palizas, posturas en tensión, asfixia, simulación de ahogamiento, violencia psicológica y sexual, son algunas de las técnicas de tortura empleadas por las fuerzas de seguridad marroquíes para obtener «confesiones» de delitos o silenciar a activistas y sofocar la disidencia, según la ONG.

«Los líderes de Marruecos presentan la imagen de un país liberal y que respeta los Derechos Humanos. Pero mientras se cierna sobre la detención y la disidencia la amenaza de la tortura, esa imagen será sólo un espejismo», ha defendido el secretario general de AI, Salil Shetty.

«Si se rasca la superficie aparece la tortura, que se utiliza para silenciar la protesta y que empaña las sentencias judiciales. Oponerse a la desigualdad o defender las propias creencias comporta el riesgo de ser víctima de violencia y tortura», ha lamentado en un comunicado.

El informe, «La sombra de la impunidad: Tortura en Marruecos y Sáhara Occidental», se basa en 173 casos de presunta tortura y otros malos tratos infligidos por la Policía y las fuerzas de seguridad a hombres, mujeres y menores de edad entre 2010 y 2014.

Según la ONG, entre ellos figuran estudiantes, activistas políticos de filiación izquierdista o islamista, partidarios de la autodeterminación del Sáhara Occidental y presuntos terroristas y delincuentes comunes.

En el texto, Amnistía resalta que tras la llegada al trono de Mohamed VI hubiera un «reconocimiento de la responsabilidad del Estado» en las torturas y otras violaciones de Derechos Humanos cometidas durante los llamados «años de plomo» (1956-1999) y el hecho de que el país se haya sumado en los últimos años a varios mecanismos internacionales en la materia, además de incluir en su Constitución de 2012 la prohibición expresa de la tortura.

Sin embargo, «el verdadero cambio exige más que un compromiso sobre el papel», defiende la ONG. Aunque el nivel con el que se recurre a las torturas «es menor que en décadas anteriores» todavía se sigue llevando a cabo porque «no se aplican las garantías existentes» sobre todo la de investigar las denuncias de estas prácticas y la impunidad que parece imperar al respecto.

Amnistía, que no ha podido realizar una misión de investigación como tal en Marruecos para elaborar su informe, ya que las autoridades prohibieron a la organización el acceso en octubre de 2014, remitió al Gobierno marroquí una evaluación preliminar de las conclusiones de su informe, a la que Rabat respondió exponiendo sus esfuerzos para combatir la tortura, incluidas las reformas jurídicas previstas.

«El Gobierno afirma que la tortura es cosa del pasado. Y ha adoptado algunas medidas, pero es que incluso un solo caso de tortura representa negligencia grave», ha sostenido Shetty, incidiendo en que la organización ha «documentado 173 en todo Marruecos y Sáhara Occidental, y de personas de toda condición».

«La legislación marroquí prohíbe la tortura, pero para que esta prohibición tenga significado en la práctica, la autoridades deben investigar debidamente las denuncias, en vez de descartarlas sin más», ha subrayado.

El informe muestra que existe riesgo de tortura desde el momento de la detención y durante todo el tiempo que la persona está bajo custodia policial. Asimismo, constata que con frecuencia los tribunales hacen la vista gorda ante las denuncias y dictan sentencias empañadas por la tortura.