¿Por qué Chile ya no es un oasis de corrupción en Iberoamérica?

El caso más grande por el volumen de dineros involucrados y la cantidad de personas vinculadas a los delitos de sobornos, cohecho, evasión tributaria y fraude al Fisco, es el que protagoniza el grupo económico Penta, que controla un banco, aseguradoras, administradoras de fondos de pensiones y otras actividades financieras, por el que están prisión preventiva sus dos principales dueños -Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- así como el exviceministro de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, el ingeniero Pablo Wagner, junto a otros ejecutivos de la empresa.

La Fiscalía acumuló pruebas que indican que el grupo Penta generó una estructura irregular para evadir impuestos a través de facturas falsas, y por esa vía financiar irregularmente a candidatos parlamentarios e incluso al excandidato a la presidencia Andrés Velasco, que se enfrentó y salió derrotado en una elección primaria con la actual presidenta Michelle Bachelet en 2013.

Las facturas falsas, en su mayoría, fueron emitidas por personas vinculadas a importantes dirigentes de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) y han salpicado a algunos de sus fundadores como Jovino Novoa, Joaquín Lavín y Pablo Longuerira, a senadores como Iván Moreira y Ena Von Baer, así como una larga lista de candidatos a diputados, algunos de los cuales resultaron elegidos. La entrega de dineros irregulares –fuera del control del Servicio Electoral y respaldado con boletas o facturas falsas– era variable en sus montos, sin que se conozca hasta ahora la cantidad exacta, pero una estimación indica que en promedio cada político involucrado recibió unos 50.000 euros.

La situación más grave es la que vive el exministro de Minería Pablo Wagner, quien luego de asumir el cargo durante el gobierno de Sebastián Piñera, recibió cheques de Penta durante catorce meses por unos 4.000 euros. Durante la investigación de su caso, la Fiscalía descubrió que Wagner también estaba vinculado a otra empresa, la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), la empresa minera no metálica más grande del mundo.

El principal propietario de Soquimich es Julio Ponce Lerou, exyerno del fallecido dictador Augusto Pinochet, quien se hizo de la empresa en la década de los 80 cuando el régimen militar privatizó la mayoría de las empresas del Estado a bajo costo. Ponce Lerou, que había sido gerente de Soquimich en esos años, la adquirió y en pocos años se transformó en uno de los hombres más ricos de Chile, con una fortuna estimada que supera los 2 mil millones de euros. Usando un mecanismo similar al de Penta, la minera financió a políticos o a cercanos a ellos de todo el espectro, incluidos a algunos de los partidos gobernantes.

En paralelo, en febrero pasado un juicio laboral dejó al descubierto una operación inmobiliaria especulativa de la empresa Caval, cuya propiedad en un 50% pertenece a la nuera de la presidenta Bachelet. Natalia Compagnon, acompañada de su marido Sebastián Dávalos Bachelet, el único hijo hombre de la mandataria, se reunió con el empresario y banquero Andrónico Luksic, dueño de la mayor fortuna en Chile, en los días previos a la segunda vuelta electoral de diciembre de 2013, para solicitarle un crédito por poco más de 10 millones de euros. Con el dinero, la empresa Caval compró tierras rurales que enseguida vendió con una ganancia de 3 millones de euros, con la promesa que los terrenos serían recalificados y podrían construirse viviendas de alto valor. El comprador de los terrenos ha iniciado un juicio por estafa contra la nuera de la presidenta.

Bachelet ha dicho que no conocía los negocios de su nuera así como la participación de su hijo en la reunión con el banquero, quien a su vez negó que solicitara la presencia de Dávalos Bachelet en la cita donde concordó el préstamo. «Yo soy honesta», ha dicho Bachelet para despejar toda duda y tomar distancia de los negocios de su nuera. En Rancagua, una ciudad a 120 kilómetros al sur de Santiago, un juez investiga si en la operación inmobiliaria hubo tráfico de influencias o uso de información privilegiada. Este miércoles, el juez descartó que Bachelet tenga que concurrir a declarar ante la justicia.