Turquía amaga con volver a prohibir las redes sociales por otra filtración de seguridad

¿Qué podía ser tan sensible como para motivar semejante reacción de las instituciones gubernamentales? Se trataba de una serie de materiales relativos a la detención, en enero de 2014, de dos misterioso convoys de camiones cargados de armas por parte de la Gendarmería en el sur de Turquía, y cuyos registros policiales y judiciales fueron filtrados el miércoles en internet, especialmente a través de Twitter, a partir de un usuario llamado «LapezeM». Tras la llamada de atención de las autoridades, la mayoría de las plataformas en las que habían aparecido los documentos se movilizaron para eliminarlos. Al suspender la cuenta de «LapezeM», Twitter podrá evitar el bloqueo general de toda su página.

No se sabe con certeza quién estaba detrás de los convoys, pero la explicación más comunmente aceptada es que se trataba de un envío del servicio de inteligencia turco, el MIT, para proporcionar armamento a grupos rebeldes en Siria (un apoyo que Ankara sigue negando de forma oficial). Una operación que, se cree, habría sido saboteada por un fiscal afín al movimiento del teólogo Fethullah Gülen, cuyo enfrentamiento con el gobierno de Erdogan se había desencadenado plenamente hacía pocas semanas, y que habría dado órdenes a la Gendarmería de detener los camiones.

De otra forma, es difícil explicar lo sucedido después. A los pocos días, el Alto Consejo de Radio y Televisión decretó un bloqueo informativo sobre la cuestión, que permanece vigente para todos los medios de comunicación turcos. En abril , la nueva ley sobre los servicios de inteligencia otorgó impunidad legal para las operaciones del MIT, cuyos agentes, en caso de arresto, solo deberán enseñar su identificación para seguir adelante sin ser cuestionados. Y no parece una coincidencia que prácticamente todos los agentes y fiscales relacionados con la detención del convoy hayan sido apartados de sus funciones o incluso imputados.

A estos últimos se les acusa de «obtener información destinada a permanecer secreta por la seguridad del estado, y revelar información con un propósito de espionaje político y militar». Un total de 13 miembros de la Gendarmería se enfrentan a estos cargos, a los que pronto se añadirán otros 19, según ha indicado la Fiscalía Pública de Adana, la región donde fueron interceptados los vehículos.

La purga, de hecho, continúa. Cinco fiscales públicos relacionados con el registro de los camiones fueron ayer destituidos de sus cargos por el Alto Consejo de Jueces y Fiscales, alegando la necesidad de «seguridad en las investigaciones y para no dañar la influencia o la reputación de la judicatura».