Juncker desvela su «milagro» para convertir 21.000 millones en 315.000

La Comisión apenas aportará 16.000 millones y el BEI (Banco Europeo de Inversión), 5.000. ¿Cómo se alcanzarán entonces esos 300.000 millones prometidos? La clave es la creación de un nuevo organismo, el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, (FEIE, o «Fondo-Juncker» para otros) que se supone que ha de hacer el milago de usar la garantía del dinero europeo para atraer financiación privada que participe en proyectos viables y rentables con largos plazos de amortización. Los expertos de la Comisión creen, además, que los mismos proyectos tendrán a su vez un «efecto multiplicador» en la economía real, mediante la profundización del concepto del mercado único en la economía del futuro.

En el fondo, si hubiera que repartir este plan entre los 28 países miembros, a cada uno le tocaría apenas poco más de 3.000 millones de euros, que no es una cantidad extraordinaria. Sin embargo sumadas y orientadas hacia objetivos realistas –«se acabaron los aeropuertos fantasma o las autopistas vacías financiadas por dinero europeo» decían fuentes de la Comisión– Juncker espera que podrán suponer un reactivo determinante para la economía de la Unión Europea.

Los gobiernos que quieran participar en el FEIE podrán descontarse esa cantidad del déficit público que tienen que ajustar. Si prefieren cofinanciar proyectos concretos, se contabilizarán como gasto. La razón es que la Comisión quiere evitar una gestión demasiado endogámica de los proyectos, puesto que los funcionarios europeos no ocultan su desconfianza ante la gestión de muchas administraciones regionales en distintas partes de Europa. Por ello será un comité de expertos independientes –presuntamente alejado del clientelismo político– el que califique los proyectos que merecen ser apoyados y sometidos al interés de los inversores privados.

Lo que la Comisión ha querido sobre todo es impedir un nuevo debate de los Gobiernos en el Consejo Europeo. La intención de Juncker es presentarse con el paquete cerrado y su es posible con el aval del Parlamento, de manera que los países no empiecen una negociación sobre quien se beneficia menos o quien pagará más en la gestión de este experimento.