La ONU aprueba una resolución para perseguir a quien trate de unirse a grupos terroristas

La resolución, con el número 2178, busca reforzar la lucha contra los llamados combatientes extranjeros, en respuesta a los miles de ciudadanos de distintos países que han viajado a Irak y Siria para unirse a grupos como el yihadista Estado Islámico (EI).

Con ese fin, el Consejo de Seguridad ha decidido que todos los países deben asegurar que sus leyes criminalicen y castiguen con seriedad a todos sus ciudadanos que «viajen o traten de viajar a un Estado» con el «objetivo de perpetrar, planear, preparar o participar en actos terroristas, o para proveer o recibir entrenamiento terrorista».

Ese enfoque ha sido puesto en marcha ya por varios países europeos, entre otros, en respuesta al alto número de ciudadanos que se han sumado en los últimos años al yihadismo. Según Estados Unidos, más de 15.000 ciudadanos de más de 80 países han viajado en los últimos años a Siria.

La resolución del Consejo de Seguridad impone a todos los Estados nuevas obligaciones a la hora de impedir el movimiento de terroristas y potenciales terroristas y para perseguir y castigar a quienes faciliten financiación para los programas de reclutamiento de esas organizaciones.

También exige a las autoridades más cooperación para combatir ese fenómeno y que refuercen los controles en sus fronteras.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha expresado su satisfacción por la aprobación de la resolución y por la unidad mostrada por el Consejo de Seguridad, al tiempo que recordó que todas las medidas que se implementen deben respetar los principios de Naciones Unidas.

En ese sentido, Human Rights Watch ha avdertido de que el texto corre el riesgo de «repetir muchos de los errores de la era posterior al 11-S».

«La resolución no dice nada sobre la protección del juicio justo, pero pide a los Estados que capturen gente en las fronteras. Y anima a los países a perseguir el terrorismo mientras permite definiciones amplias del término, lo que no hace nada para evitar que los gobiernos lleven a cabo políticas antiterroristas abusivas», ha señalado en un comunicado Andrea Prasow en nombre de la organización.

Numerosos expertos han advertido además de las dificultades que entrañará la implementación de la resolución en cada país.