El presidente Santos destituye al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro

Petro, ex guerrillero, quien hizo historia en Colombia pues durante su paso como legislador denunció en el Congreso colombiano cómo los políticos se aliaron con paramilitares de extrema derecha para gobernar en las regiones, calificó lo sucedido como un golpe de Estado y acusó a Santos, quien quiere ser reelegido presidente en mayo próximo, de comenzar a destruir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

«Triste papel en la historia (juega el presidente Santos ) sólo por un ‘pecueco’ (maloliente) cálculo electoral reeleccionista», dijo Petro en la noche del miércoles tras conocer la decisión. El alcalde les prometió a sus seguidores no quedarse quieto. Empezará una gira por Colombia para promover una asamblea constituyente, con la que pretende reformar la Constitución de 1991, la cual, entre otras, le da importantes funciones sancionadoras al Procurador General colombiano, quien fue el encargado de destituirlo como funcionario público durante quince años.

Otra fue la versión del presidente Santos en una corta alocución televisada. Para Santos, Petro –quien, desde que fue destituido en diciembre del año pasado, interpuso todo tipo de argumentos jurídicos- tuvo todas las posibilidades legales para defenderse en el derecho interno. «Fueron interpuestas más de 300 demandas que se tuvieron que resolver en las cortes colombianas. La justicia en el caso Petro actuó de manera transparente, eficaz y oportuna. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que Colombia siempre ha respaldado, opera de manera complementaria o alternativa frente al derecho interno. Es decir -explicó el presidente- sólo puede proceder en el momento en que se constituya una falla clara en el sistema interno de justicia. En criterio de la Casa de Nariño, este no es el caso de Gustavo Petro», dijo.

Lo que pasó con Petro elegido democráticamente en octubre de 2011 para gobernar esta ciudad hasta diciembre de 2015, marca un serio antecedente en materia de justicia en Colombia. Elegido con más del 30% de los sufragios, este economista de 53 años fue visto con recelo desde siempre por su paso por la izquierda. Hubo duros momentos en su administración –a los pocos días de tomar posesión, por ejemplo, renunciaron miembros claves de su gabinete quienes lo catalogaron de «dictatorial»- y las críticas arreciaron. La más grave: Hace dos años Petro quiso intervenir el servicio de las basuras y hubo una emergencia sanitaria sin antecedentes en Bogotá, una ciudad de nueve millones de habitantes. A la luz pública salieron temas de corrupción, malos acuerdos, no acatar sugerencias entregadas por varios expertos. No escuchar e imponer. No administrar. A Petro eso le salió caro.

Con una popularidad que llegó a menos del 30%, el Procurador Alejandro Ordóñez, la persona encargada se sancionar a los funcionarios públicos, lo destituyó en diciembre por su manejo con el tema de las basuras pese a las críticas de que su poder era excesivo. Petro demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ciudad se mantuvo desde entonces en un duro limbo institucional y jurídico hasta esta semana.

Para una parte de los colombianos, el hecho de que el gobierno no hubiera acatado las medidas cautelares de la CIDH es desconocer el tema democrático. ¿Cómo un alcalde puede ser destituido de un plumazo? ¿Acaso no era suficiente con una sanción? Analistas consultados por la revista Semana, la de mayor circulación en Colombia, sostienen que la Corte Interamericana se extralimitó.

Para otros, la medida fue justa. «Aceptar, sin más, la solicitud de medidas cautelares decididas de forma exprés por la CIDH habría traído consecuencias gravísimas para la institucionalidad colombiana. Implicaría, en primer lugar, la muerte del poder y la función disciplinaria en Colombia. Ningún funcionario de elección popular que haya sido sancionado disciplinariamente se privaría de invocar este nefasto precedente para exigir restitución de derechos e indemnización económica», fue la conclusión editorial del diario El Colombiano.

Lo más complejo, sin embargo, es que esto ocurre a dos meses de las elecciones presidenciales. La apuesta de todos los partidos se hace aún más alta, pues tradicionalmente Bogotá pone alrededor del 20% de los votos en la elección presidencial. Es uno de los lugares más determinantes en la elección. El partido que haga la mejor campaña en Bogotá y salga elegido, será decisivo. De esta manera Bogotá se convierte en el primer escenario donde el santismo se enfrentará a su contendor más fuerte, el uribismo, la segunda fuerza política de Colombia como se vio en las elecciones legislativas de hace un par de semanas donde el ex presidente Álvaro Uribe fue elegido senador para llegar al congreso con 19 legisladores.