Un 95 por ciento de los españoles creen que la corrupción es generalizada

Según la comisaria de Interior, la sueca Cecilia Malmström, la crisis económica no ha ayudado precisamente a resolver el problema, sino que, al contrario, ha contribuido a alimentarlo. «Algunos indicadores –dijo este lunes durante la presentación del informe– muestran que la corrupción ha crecido con la crisis. Pero, precisamente, la crisis demuestra la necesidad de luchar contra las prácticas corruptas, aunque solo sea por razones económicas».

El informe pone de manifiesto el pesimismo con que se percibe esta lacra en casi todos los países de la Unión. El 76 por ciento de los europeos creen que la corrupción es un mal generalizado. Y algo más de la mitad están convencidos de que ha aumentado en su país durante estos años (incluida Alemania). Sin embargo, apenas un 8 por ciento de los ciudadanos pueden decir que hayan sido víctimas o testigos de un caso de corrupción.

La Comisión Europea no intenta explicar esta diferencia, probablemente porque se trata de un fenómeno que, por su naturaleza opaca, no se puede estudiar en detalle. Pero las estadísticas del informe en las que se basan las conclusiones no son nada complacientes. Los españoles aparecen entre los ciudadanos europeos que tienen una percepción más pesimista sobre la corrupción en su propio país. Un 95 por ciento de nuestros compatriotas creen que la corrupción es generalizada en su entorno.

Este pesimismo solo es superado por el de los griegos (99 por ciento) y el de los italianos (97 por ciento). En Alemania el porcentaje es de un inquietante 59 por ciento. A la hora de valorar si la corrupción afecta a los ciudadanos en su día a día, la percepción de los españoles es más negativa incluso que la de los italianos.

Los países nórdicos son los únicos en los que sus ciudadanos creen que la corrupción es un fenómeno poco extendido: en Dinamarca el 75 por ciento de la población piensa que la corrupción es algo excepcional, en Finlandia ese porcentaje es del 64 por ciento, y en Suecia, del 54 por ciento. Hay países donde los ciudadanos afirman que les piden sobornos, por ejemplo, para mejorar la atención médica, o simplemente para tener acceso al hospital, como Hungría, Eslovaquia o Polonia, y pese a todo su visión de la corrupción es menos negativa que la de los países mediterráneos.

Y es que comparar la realidad de Grecia o España basándose solamente en la percepción apenas indicaría que a unos les indigna más que a otros esa lacra o que unos sobreestiman más la realidad que otros.

Uno de los asuntos con mayor impacto sobre la opinión pública es la financiación de los partidos políticos. El informe reconoce –sin citar a ningún país– que «los casos recientes de escándalos a gran escala que involucran la financiación ilegal de partidos han afectado a los dirigentes políticos en algunos países miembros». Y recuerda que, «con alguna excepción, muchos países miembros han enmendado recientemente su legislación sobre financiación de partidos y aumentado los estándares de transparencia, incluyendo lo relativo a las donaciones». Aunque, «en dos países miembros, no existen restricciones a las donaciones anónimas a los partidos». España podría ser uno de esos países que no se mencionan, si bien también es cierto que el Gobierno ya ha empezado a tramitar una reforma que regulará esta práctica.

La Comisión Europea pone asimismo el dedo acusador sobre las irregularidades en los contratos públicos. Malmström subrayó a este respecto que los contratos suscritos por los Gobiernos son a menudo concedidos a un costo excesivo. Los contratos públicos en bienes y servicios representan un 20 por ciento de la economía europea, según la comisaria. Y de acuerdo con diferentes estudios, en algunos países hasta una cuarta parte del dinero público invertido desaparece debido a la corrupción.

En todo caso, no parece que se pueda trazar un cuadro exacto de la corrupción en Europa basado fundamentalmente en encuestas que recogen la percepción de los ciudadanos. Un 44 por ciento de los empresarios españoles encuestados creen que su compañía se ha visto dañada por la corrupción en sus relaciones con la Administración durante los últimos tres años, un dato que está por encima de la media de la UE, que se sitúa en un 36 por ciento. Pero, cuando se constata que países como Grecia se sitúan por debajo de la media en este campo, resulta difícil de creer que tal consideración se corresponda con la realidad.

En países de fuera de la UE como Ucrania , que no está en el estudio, pero sí en la mente de muchos dirigentes europeos, se han visto claramente las consecuencias de la desafección general de los ciudadanos hacia unas instituciones allanadas por la depredación de la clase política o de los oligarcas. «La corrupción mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el estado de derecho, causa daños a la economía europea y priva a los estados de unos ingresos que les son muy necesarios. Los estados miembros han trabajado mucho recientemente para luchar contra ello, pero el informe confirma que no es suficiente» afirmó la comisaria Malmström.

Sin embargo, por ahora la Comisión no va a tomar medidas –tampoco tiene competencias para ello salvo en los países que aspiran a ingresar en la UE–, ni va a proponer medidas concretas. El papel de este estudio ha sido «sacar los colores» de algunos países en medio de una crisis que está socavando algo más que los cimientos del sistema financiero. Hasta ahora los campeones en el campo de la corrupción eran Bulgaria y Rumanía, dos países cuyo ingreso se retrasó por el altísimo índice de criminalidad y de corrupción en la Justicia. Los programas que se han llevado a cabo para tratar de resolver este problema han tenido una eficacia relativa. Tal fue también el caso de Croacia, cuya Justicia ha estado en entredicho durante décadas a causa de las herencias de la guerra en la antigua Yugoslavia.