Maduro ataca ahora a las funerarias en su ofensiva de «precios justos»

García Plaza encabezó este miércoles una inspección a la funeraria caraqueña Vallés para fiscalizar los precios cobrados por los servicios y analizar la estructura de costos y sus márgenes de ganancias.

Citando la muerte de su padre en febrero pasado, el militar afirmó que las funerarias con sus precios están «especulando con las necesidades de nuestros seres queridos en esos momentos tan difíciles».

Según el funcionario, en la funeraria inspeccionada se cobra por el alquiler de una sala fúnebre de 10.200 (1.619 dólares) a 16.000 bolívares (2.539 dólares), precios que consideró «fuera de lugar», aunque no anunció multas por esta situación, que el Gobierno suele sancionar bajo el delito de «usura».

«Creo que los dueños de la funeraria tienen que entrar en un profundo proceso de reflexión (...), reflexionar en su estructura de costos y de márgenes de ganancia porque la prestación de este servicio tan sensible no puede convertirse en un negocio con fin financiero», dijo tras la inspección.

«Nosotros vamos a ir a los lugares que tengamos que ir para supervisar que este tipo de especulaciones con el dolor ajeno no se produzcan en el marco de un Gobierno socialista», agregó.

El presidente, Nicolás Maduro, indicó hoy que su Gobierno continuará con las inspecciones en comercios de diversos sectores económicos para bajar los precios y así «proteger» las Navidades de todos los venezolanos.

Maduro lanzó a principios de noviembre u na ofensiva contra la escalada de precios en la práctica totalidad de renglones comerciales que incluía la inspección de empresas para revisar los márgenes de ganancia e incluso la intervención con militares de una cadena de venta de electrodomésticos.

El mandatario acusó de «parásitos» y responsabilizó de la situación a los principales gremios empresariales del país, asegurando que hay una guerra económica contra el Gobierno y que los altos precios y los márgenes de ganancia superiores al 1000%, como ha denunciado, no se justifican.

Los empresarios acusan al Gobierno de problemas en el acceso a las divisas en un país regido por un control de cambios desde 2003 que deja en manos del Estado el monopolio de la gestión y administración de la moneda extranjera, que se adquiere a través de una serie de trámites bajo un determinado número de supuestos.