El Grupo Clarín amenaza con denunciar al Gobierno por desobediencia judicial

En un comunicado publicado este lunes por el diario 'Clarín', ha considerado que el inicio del desmantelamiento parcial del conglomerado mediático "es totalmente improcedente e ilegal, ya que vulnera abiertamente varias decisiones judiciales". El grupo de Ernestina Herrera de Noble ha mencionado "la suspensión de la aplicación del artículo 161 dictada por la Cámara Civil y Comercial Federal hasta que haya sentencia definitiva, y el plazo de un año establecido por la Ley de Medios y ratificado por los tribunales de justicia. Además, el conglomerado mediático ha aludido a la sentencia dictada en el caso de la compañía de televisión por cable Fibertel, "que obliga a mantener la integridad e intangibilidad de su red".

Asimismo, ha recordado que "no se encuentra en situación de incumplimiento del artículo 161 de la Ley de Medios porque nunca estuvo vigente para el Grupo Clarín, por lo que es manifiestamente improcedente la aplicación del procedimiento de transferencia de oficio de dicho precepto". Todo ello --ha indicado-- podría desembocar "en un caso de desobediencia judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal" , por lo que el conglomerado mediático ha revelado que está analizando "realizar la correspondiente denuncia". Entretanto, ha anunciado que este mismo lunes ha recurrido el fallo que la Corte Constitucional dictó el pasado viernes -que subraya que la Ley de Medios es acorde con la Carta Magna-, alegando que el proceso de desinversión debe mantenerse congelado por una medida cautelar que protege a cinco empresas del Grupo Clarín.

Al margen de la Corte Constitucional, la última decisión judicial es la de la Cámara Civil y Comercial Federal, que decidió prorrogar la medida cautelar que implica la suspensión temporal de la aplicación del 161 y otros artículos, "hasta que se dicte una sentencia definitiva a fin de no alterar significativamente las circunstancias y de asegurar la utilidad, oportunidad y eficacia del fallo".

De esta forma, ha quedado paralizada la entrada en vigor del articulado de la Ley de Medios, que estaba prevista para el 7 de diciembre, lo que supone un nuevo varapalo para el Gobierno de Fernández de Kirchner, ya que dicha norma jurídica es una de sus grandes apuestas. La entrada en vigor de todo el articulado del texto legal permitiría a las autoridades argentinas arrebatar al Grupo Clarín, uno de sus más firmes opositores, varios medios de comunicación importantes por no cumplir los requisitos para la concesión de licencias . La batalla judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín comenzó en 2009, cuando el Congreso aprobó la norma jurídica y el conglomerado mediático acudió a los tribunales de justicia para frenar la aplicación de algunos artículos.