Así ocultó Inglaterra los abusos (y los muertos) de la todopoderosa Río Tinto Company en Huelva en 1888

Todo comenzó con la arruinada presidencia de Nicolás Salmerón, que vendió por 92 millones de pesetas las famosas minas de cobre de Riotinto a un conglomerado internacional. Este constituyo la tristemente famosa compañía de origen británico que, a base de abusar y explotar a la población autóctona, cambió el aspecto socioeconómico de toda la provincia de Huelva.

Hasta ese momento, sus habitantes sobrevivían de la agricultura y la pesca, pero cuando llegaron los ingleses, dueños y gestores principales de dicha compañía, la provincia entró a formar parte de las redes de comercio internacional. Eso trajo en principio grandes beneficios y las mayores innovaciones tecnológicas de la época, tales como el ferrocarril. Pero supuso también el comienzo de una gran cantidad de problemas ecológicos, laborales y de salud para los habitantes de Riotinto y de otras muchas localidades de alrededor, como Nerva y Zalamea .

Tal fue el poder que acumuló y la capacidad para operar dentro de España con sus trabajadores, como si fuera un gobierno empresarial dentro de un gobierno nacional, que la Riotinto Company Limited llegó a establecer una especie de «Apartheid» al estilo de Sudáfrica sin que ningún poder público le afeara la conducta. Por un lado, los directivos de la multinacional llegados desde Gran Bretaña junto a otros muchos trabajadores con un perfil más técnico, que se establecieron en Bellavista , un barrio de lujo construido por ellos desde cero y separado por un muro infranqueable. Y por otro, la población y los más de 10.000 mineros que trabajaban en los yacimientos, que vivían en casas precarias, viendo cómo sus cosechas se arruinaban y su salud sufría por los humos tóxicos generados por el trabajo.

La llegada de la Riotinto Company Limited, que era la mina a cielo abierto más grande del mundo, se explica dentro de un contexto internacional en el que se produjo la llegada masiva de grandes empresas extranjeras a la cuenca minera de Huelva. Era la Segunda Revolución Industrial y eso trajo mucho trabajo, puesto que la industria consumía una gran cantidad de minerales en todo el planeta. Como consecuencia de ello, las explotaciones mineras se modernizaron y expandieron por muchos sitios.

La diferencia es que esta zona ofrecía una alternativa muy valiosa para los empresarios: poseía grandes reservas de metales no férricos en un país atrasado económicamente, lo que les permitía bajar los costes de explotación y los salarios. Eso suponía un enorme ahorro y un gigantesco margen de beneficios que les permitió construirse un numeroso conjunto de casas victorianas y hasta una iglesia presbiteriana que siguen todavía en pie.

De lo que no queda rastro hoy en Riotinto es de los más de cien muertos –entre mujeres, niños y ancianos, además de trabajadores– que se dejaron la vida en la considerada primera manifestación ecológica de la historia de España. Ni tumbas, ni placas, ni monumentos a la memoria de los mineros y agricultores que se unieron para protestar, el 4 de febrero de 1888, contra las miserables condiciones de vida impuestas por los británicos y contra los estragos que causaban las fuertes emanaciones de dióxido de azufre en sus tierras y en su salud, tras la quema de minerales al aire libre.

La razón se encontraba el procedimiento utilizado para obtener el cobre, conocido como «cementación artificial» o «teleras». Consistía en colocar toneladas de mineral en grandes montones al aire libre y prenderlos sobre ramajes secos, tal y como se puede ver en la imagen. Esas pequeñas montañas liberaban azufre durante la combustión, para obtener el cobre puro, y una cantidad gigantesca de gases sulfurosos. Las hogueras ardían ininterrumpidamente de seis a doce meses al año, lo que lanzaba al aire unas 500 toneladas diarias de humos tóxicos.

La enorme nube negra que se formaba sobre el cielo de Riotinto, Nerva y otras aldeas cercanas, a la que popularmente llamaban «la manta», generaba unos efectos altamente perniciosos para la agricultura y para la salud de los habitantes. Mucha gente huía del pueblo en busca de aire más limpio, ya que las cosechas eran prácticamente la única fuente de riqueza de aquellos que no se dedicaban a la minería. La situación se hizo insostenible e intolerable.

El descontento pronto se extendió a otros veinte pueblos de la zona, a los que se sumó el cabreo acumulado de los mineros en lo que respecta a sus condiciones laborales: descuentos salariales, el pago por cuenta ajena del médico de la empresa, la pérdida continuada de puestos de trabajo ante la más mínima excusa (incluida la enfermedad) o la pérdida de dinero que les originaban los días de «manta», en los que solo se podía trabajar la mitad de la jornada y cobraban menos.

Los agricultores y sus partidarios llegaron a formar la « Liga Antihumanista », que criticaba los abusos cometidos por la Río Tinto Company en los procesos de la mina y exigían su sustitución por otros. Pero la empresa tenía demasiado poder, hasta el punto de establecerse como una auténtica autoridad colonial en la zona durante 81 años. Tenían a la administración bajo su protección para avalar su argumento de que, dadas las condiciones del mineral de las minas y la coyuntura internacional, no podían costear otro sistema que les diera beneficios.

El problema de las calcinaciones copó la prensa local durante 1887 y 1888. Las polémicas entre los «antihumanistas» y los defensores de la minería, a la que hacían responsable del desarrollo y la prosperidad de la zona por atraer población de fuera, eran continuas. «El aumento de población fue, en efecto, muy notable, pero el argumento esgrimido era insostenible: la población acudía a donde había trabajo, y en las minas lo había, pero la extracción y el beneficio del mineral no tenían qué ir forzosamente unidos al sistema de calcinaciones que, de hecho, estaba prohibida en todos los países del mundo, incluido en el vecino Portugal, desde 1878. Y, por supuesto, en Inglaterra», aseguraba María Dolores Ferrero, de la Universidad de Huelva, en su estudio « Los conflicto de febrero de 1888 en Riotinto. Distintas versiones de los hechos ».

La suma de todos estos descontentos culminó en la famosa manifestación del 4 de febrero de 1888, que pasó a la historia como « El año de los tiros ». Una masacre cuyas magnitudes, 132 años después, aún no han sido esclarecidas del todo. Pero es que no era fácil, puesto que estábamos hablando de la empresa más poderosa de España en aquella época. Una empresa que, además, había sacado de la bancarrota a la Primera República con la venta de los derechos de explotación. No convenía hacer público lo que allí había sucedido.

El 1 de febrero se inició la huelga de mineros, que fue creciendo durante los dos días posteriores. Al mismo tiempo, los agricultores afectados por el dióxido de azufre, con el pueblo de Zalamea a la cabeza, comenzaron a preparar una marcha sobre Riotinto para pedir la suspensión de las calcinaciones. El día 4, ambas manifestaciones se encontraron a la entrada de la localidad y decidieron unirse para marchar a la plaza del Ayuntamiento. Las consignas establecidas estaban claras: «¡Abajo los humos! ¡Solo queremos justicia! ¡Viva la agricultura!».

Cuando los cabecillas subieron a hablar con el alcalde para negociar, este no se atrevió a tomar ninguna decisión por las presiones que recibían de la compañía. Entonces llegó el gobernador civil de Huelva, Agustín Bravo, a poner orden. Primero se negó a que el poder local suprimiera las calcinaciones y, después, salió al balcón a increpar a los miles de manifestantes congregados. Tras él salió el teniente coronel del Regimiento de Pavía , que había llegado al pueblo ante la solicitud de refuerzos. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado.

De repente, se oyó una primera descarga sin que nadie supiera a de dónde venía ni quién había dado la orden. Luego siguieron nuevas descargas a bocajarro y, después, los agentes comenzaron a atacar con bayonetas. A los quince minutos el suelo quedó repleto de muertos y heridos. Al día siguiente, algunos diarios locales y nacionales se hicieron eco del suceso. «El Socialista», «La Provincia», «El Cronista de Sevilla», « La Época », « El Liberal », « La Iberia » y «La República», entre otros. La cifra de los que perdieron la vida variaba entre la treintena que daba el primero y los más de cincuenta del último.

Según los testigos de la época, sin embargo, estos fueron entre cien y doscientos, cuyos cadáveres fueron arrojados a las escombreras o en las antiguas minas abandonadas para no dejar rastro. Y los heridos, atendidos a escondidas en las propias casas, en pésimas condiciones, por miedo a llevarlos a los hospitales. Eso fue lo que concluyó el trabajo de investigación de Alfredo Moreno Bolaños y Juan Manuel Pérez López, «Testimonios fehacientes sobre el tren de la muerte» (2008), que habla de entre 150 y 200 personas asesinadas.

«Salió el Gobernador al balcón una primera vez y preguntó a los trabajadores si estaban de acuerdo con su jornal. Contestaron que no. Volvió a salir y dijo que vería al director de las minas y que al día siguiente sabría el resultado. Los trabajadores dijeron que estaban parados hacía tres días y que deseaban saber el resultado cuanto antes. Volvió a salir una tercera vez, con el Teniente Coronel del Regimiento de Pavía y el pueblo, creyendo que iba a decir algo, se quedó callado como en misa. Después ocurrieron las desgracias”», contaría «El Socialista» días después.

El mensaje que el gobernador civil de Huelva le envió el 6 de febrero al Ministro de Gobernación en Madrid decía: «Trece cadáveres identificados y sepultados. Doce heridos reconocidos. Ningún extranjero, mujer o niño ha sido lesionado». El periódico de « La Coalición Republicana », sin embargo, detallaba. «Cuando más alegres se hallaban los manifestantes apiñados en las estrechas calles adyacentes y la plaza, en número superior a 12.000, mandaron retirar la caballería. Acto seguido, una descarga cerrada e inmensa, cuyos proyectiles barrieron aquella masa humana, puso en fuga desordenada a la multitud, que dejó en el suelo muchos cadáveres y heridos, y se atropelló por las calles, lanzando gritos de pavor y de violenta ira. ¿Quién dio la orden de fuego? Hasta ahora no se sabe. ¿Fue el gobernador? ¿Fue el jefe militar? (…) Con el testimonio de centenares de personas, podemos afirmar que los manifestantes no profirieron ni un grito subversivo, no salió de ellos una provocación ni un acto que molestase a la tropa ni a las autoridades».

Tan solo una carta al director publicada en «La Provincia» se atrevió a decir que «la manifestación de Zalamea fue de una violencia monstruosa». Las versiones de los restantes diarios coincidían en que no hubo una actitud provocadora y argumentaron que «si los propósitos hubieran sido amenazadores, los manifestantes no habrían puesto ante las balas de los soldados a mujeres y niños inocentes».

En los libros de las sentencias de la Audiencia de Huelva de 1888 hasta 1892 no había ninguna información al respecto, según las investigaciones de Ferreo. Tampoco en el Tribunal Supremo de Madrid. Las Cortes españolas apenas discutieron el incidente y se dijo que los muertos no pasaron de 14, aunque la mayoría de testimonios defiendan que estos superaron con creces el centenar. El Registro Civil de Riotinto tan solo contabilizaba trece muertos por «hemorragia externa» o «hemorragia interna».